La política de las querellas

Así que no pretendo hacer un recuento exhaustivo de asuntos judicializados, ni mucho menos; me limito a una breve reseña de los hechos más destacables en esa especie de triple círculo de atención que se ha venido configurando, simplemente para describirlos y obtener alguna conclusión a partir de su consideración conjunta.

Están en primer lugar, quizá también en el tiempo, pero desde luego en el espacio, las andanzas de quien aprovechó su injustificable posición en el entorno del exministro de Transportes para hacer de todo, en el seno de una trama cuyas terminales, aquí y allende los mares, parece no tener fin, a la vista de lo que se va conociendo. Es el famoso asunto Koldo, ya muy estable jurídicamente hablando. El problema añadido es que está en trance de alcanzar al propio exministro Ábalos; y lo digo así porque quiero respetar el margen de valoración que, a causa del fuero, corresponde al Tribunal Supremo, una vez que se haya obtenido el suplicatorio del ahora diputado. Más allá de lo estrictamente jurídico, hay ya asunto Ábalos a todos los efectos, fácticos y políticos, lo que supone un salto cualitativo notable en la citada causa. En alguna ocasión he dicho que Ábalos ha estado demasiado arriba, demasiado cerca y demasiado tiempo. Y siempre se puede explicar un cese como ministro (¡las remodelaciones del Gobierno son insondables en sus motivaciones y en sus efectos!); pero un cese en la Secretaría de Organización del Partido del Gobierno tiene otras connotaciones, como las tiene el posterior retorno al Parlamento. Así que el caso dará juego, en lo jurídico y más aún en lo político, como ya está ocurriendo.

Tal vez no de tanto juego el segundo de los asuntos que centran la atención, que es la investigación abierta en un Juzgado de Instrucción sobre las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. Por un lado, el hecho de que se haya rechazado la petición de archivo, al menos en una parte sustancial de la materia investigada, y, por otro lado, el hecho de que no se hayan admitido a trámite las dos querellas por prevaricación, interpuestas tanto por el propio presidente del Gobierno, como por su esposa, augura un pertinaz recorrido a la tramitación. La verdad es que no entendí bien la fundamentación de las citadas querellas, cuyo destino era muy previsible: si se convalida la instrucción, ya que no se ha admitido el archivo, el margen para estimar la prevaricación es mínimo, por no decir nulo. Así que seguirá dando noticias esa investigación, supongo que más en el ámbito académico que en el económico, todo ello sin perjuicio de cual sea el veredicto final. Y es muy probable que no haya sustancia penal en el caso; pero también digo que, si así se declara, será el momento de hacer una reflexión cabal sobre lo que debe ser la corrección en la conducta de personas que, incluso aunque no lo pretendan, están en condiciones de influir en las decisiones de terceros, sea por su posición, o por sus relaciones, ya que no por su cargo. O sea que la prudencia, la discreción, el decoro, la ética, incluso la estética, incluso en la actividad privada, también tienen incidencia en la deseable ejemplaridad de la vida pública, porque lo uno y lo otro son a menudo inseparables.

Finalmente, el tercero de los espacios a considerar es el que afecta al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, más concretamente a su pareja, fuente también de querellas, ya rechazadas en algunos casos, y de actuaciones judiciales, en gran parte ya sustanciadas como delitos fiscales. Aquí, sin duda, uno de los aspectos más relevantes en este caso es la implicación que ha terminado por alcanzar nada menos que al Fiscal General del Estado, junto con la Fiscal Jefe de Madrid, sometidos a investigación por revelación de secretos, mediante decisión, por unanimidad de sus cinco miembros y sin ningún voto particular, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por la relevancia jurídica de las partes intervinientes, por el nivel institucional afectado, incluso por lo insólito del evento, la gravedad del asunto es elevada y evidente.

Y la conclusión final: basta observar las reacciones, de un lado y de otro, en los propios ámbitos judiciales, tildados de conservadores o progresistas sin ningún complejo, y en muchos medios de comunicación, absolutamente alineados, para confirmar que la polarización radical de bloque y trinchera se ha asentado con fuerza. Cuando se puede pronosticar, con amplias posibilidades de acierto, una editorial periodística, una opinión de tertulia, una decisión judicial, incluso un juicio de constitucionalidad, a partir de la tendencia de un medio o de la composición de un tribunal, algo importante se está agrietando en la estructura democrática del país. Y algo de eso me parece que está ocurriendo aquí.