La legislatura

Me parece que esto es lo que puede estar ocurriendo con la marcha de la legislatura, ese periodo de gobierno que transcurre entre elección y elección, que se inicia cuando prospera una investidura y culmina cuando se disuelve el Parlamento y se vuelve a votar, sea porque pasaron los cuatro años, sea porque, quien puede hacerlo, así lo decide a la vista de las circunstancias. Pues a esto quiero referirme, teniendo en cuenta que ha pasado ya un año desde que se formó gobierno allá por noviembre de 2023, tras aquellas elecciones generales que se habían anticipado al mes de julio.

Un año no es ni poco, ni mucho; pero es ya la cuarta parte de una legislatura, lo que, a ciertos efectos, puede ser tiempo suficiente para tener una impresión cabal de la realidad política del país. Porque a veces da la impresión de que la legislatura está aún por empezar y de que no hay indicios de que puedan adoptarse decisiones, aprobarse leyes, presentarse presupuestos, etc., a la vista de la imposibilidad de definir un espacio común, adoptado por los grupos que apoyaron la investidura en su momento. Son demasiados, y demasiado heterogéneos, o incluso contrarios, para compartir un mínimo proyecto que permita desencallar tantos asuntos pendientes.

Lo primero a destacar es que no se entiende bien que, habiendo apoyado la elección de un presidente del Gobierno, no se aplique luego una voluntad razonable de permitirle gobernar, sin perjuicio de la necesidad de dialogar, negociar y acordar lo que se pretenda aprobar en cada momento. El espectáculo de estos días, a propósito del debate de las propuestas fiscales previas a la aprobación del techo de gasto y muy condicionantes de la presentación del presupuesto, deja bien a las claras las circunstancias que dificultan o impiden una gestión de gobierno planificada y previsible, que vaya más allá de la permanencia en los cargos y de su desempeño formal. La propia autodefinición del Gobierno como progresista, siendo así que depende a cada paso del apoyo de votos nítidamente conservadores, constituye ya una evidente hipérbole.

Esas circunstancias a que me refiero están bien a la vista. El Gobierno se formó con una estrategia de concesiones dispares y cruzadas, algunas muy discutibles, sumando tablas reivindicativas poco coordinadas entre sí, debido a la necesidad de obtener apoyos que se sabía que podrían resultar contradictorios, como se está comprobando con demasiada frecuencia. Se fue dando largas, con dudoso criterio, a la presentación de los presupuestos generales del Estado y de otras leyes hasta que pasaran los diversos procesos electorales, el europeo y los autonómicos, donde estaban implicados los apoyos parlamentarios del Gobierno, y lo que ha ocurrido es que las pugnas particulares entre ellos (de Junts con Esquerra, del PNV con Bildu), y sus procesos internos en algún caso, han hecho aún más complicada la negociación de cualquier asunto de importancia. Se añade a ello la quiebra entre Sumar y Podemos, de especial relevancia por afectar a un socio coaligado y a un apoyo imprescindible para mantener la mayoría, que trata de diferenciarse añadiendo sistemáticamente una exigencia a mayores.

Creo también que, siendo tan diversos los agentes con los que hay que negociar, no siempre se ha utilizado la estrategia adecuada, ni dentro del propio Gobierno, ni con los apoyos externos. Cerrar acuerdos por separado con alguno de ellos despierta de inmediato el recelo de otro u otros, en la medida en que son adversarios ideológicos y territoriales. De manera que hay que renegociar luego con el aliado molesto, que elevará el listón para obtener más rédito. Toda la peripecia del llamado 'paquete fiscal', salvado una vez más in extremis y aplazando la incertidumbre, ilustra bien esta reflexión. Y, en fin, sumemos a esto la experiencia de que el espectáculo de la negociación agónica se ha reiterado ya demasiadas veces, con manifiesto regocijo de quien espera las concesiones del último minuto; y la creciente incomunicación entre los dos principales partidos del país, que cultivan alternativamente la arrogancia, la intransigencia y la radicalidad, dificultando aún más la posibilidad de no depender de terceros en ciertas situaciones, al menos cuando el interés general lo pida; y el galopante sectarismo en medios y redes, cada vez con más dependencia de lo propio y más desprecio de lo ajeno.

Cabe plantearse si hay alternativa a esta situación, que hasta ahora ha impedido presupuestar y, en gran medida, legislar. Hay quien piensa que una opción sería devolver la voz, más bien el voto, a los ciudadanos, con disolución anticipada y convocatoria de nuevas elecciones. Yo creo que es demasiado y demasiado pronto. Hay quien anhela encontrar las condiciones adecuadas para una moción de censura. Yo creo que es improbable. Hay otro instrumento, la cuestión de confianza sobre un programa político, que el Ppresidente de Gobierno puede presentar en el Congreso y someterla a votación. Está en el artículo 112 de la Constitución y tiene un evidente efecto clarificador, porque obliga a tomar posición a todos los grupos. No sé si ahora mismo, pero tal como van las cosas, no tardará en llegar el momento en que haya que pensarlo.