Un año confuso

A este dedico, pues, una breve reflexión retrospectiva, sentando un punto de partida que pueda sintetizar la impresión que me queda volviendo la vista atrás. Si tengo que calificar este 2024 que está a punto de abandonarnos, lo calificaría como un año confuso. Hubo tensión, incertidumbre, intransigencia en exceso, y un déficit alarmante de sintonía en la diversidad. También síntomas luminosos de solidaridad en la desgracia, iniciativas generosas que, de vez en cuando, compensan las tendencias más radicales al recelo y al odio, que, sin duda, van proliferando en este clima de continua polarización.

Si distinguiéramos planos, aislando cada uno de los espacios en que desenvuelve la vida colectiva, podríamos valorar si todos ellos (el político, el económico, el cultural, el social) están afectados por esas mismas circunstancias. Seguramente llegaríamos a la conclusión de que cada uno de ellos tiene sus propias características: más favorables en lo económico, más diversas en lo cultural, más condicionadas en lo social; y concluiríamos también que es en el ámbito político donde se ha concentrado la mayor carga negativa y que, en gran medida, su influencia ha contaminado todo lo demás.

2024 empezó incierto. Tras largos meses de tira y afloja, que siguieron a las apretadas elecciones generales de julio de 2023, se acababa de constituir, por muy escaso margen en aquel debate de investidura, un Gobierno de coalición que iba a necesitar a cada paso sumar apoyos diversos y, a menudo, contradictorios entre sí. Al margen de las singularidades personales de un lado y de otro, que también son importantes en la relación política, la dificultad estaba ahí, ya desde el principio. De vez en cuando releo los acuerdos que se alcanzaron para que la investidura prosperara, del PSOE con Sumar, para formar el Gobierno, y con ERC, Junts, PNV, BNG y CC, para poder formarlo. Curiosamente, con todos aquellos cuyos votos eran necesarios se firmaron acuerdos, excepto con Bildu, que no hizo falta porque consideraban más interesante, y quizá más rentable, mostrarse dispuestos a acordar en distintas materias y caso por caso.

Puesto en común el contenido de todo lo pactado, quedó la impresión de que cada uno llevó a la mesa su plataforma reivindicativa y que todas fueron aceptadas prácticamente en su integridad. Y bastaba con observarlo para caer en la cuenta de que el cumplimiento de todo sería poco menos que imposible. No solo por la dificultad objetiva de hacerlo, y más aún sin disponer de un presupuesto actualizado que lo canalizara; también por la contradicción en que incurrían los compromisos asumidos con unos y otros, tan distantes ideológicamente. Algún ejemplo reciente lo explica bien: el famoso impuesto especial a las empresas productoras de energía está operando como condición ineludible para discutir sobre los presupuestos; Podemos y Bildu lo exigen; PNV y Junts lo rechazan. A la vista está que no será fácil satisfacer ambas pretensiones de forma simultánea. Y algo parecido ocurre con otros asuntos.

Esa situación entre socios del Gobierno y aliados parlamentarios ha gravitado permanentemente sobre las relaciones políticas en el espacio de una mayoría precaria e inestable. Si observamos la evolución de las relaciones por el otro lado, entre Gobierno y oposición, y aún dentro de la oposición, el panorama no es más alentador. Enseguida se formuló la 'teoría del muro y la trinchera', sin margen para una mínima complicidad que facilitara proponer algún objetivo común y alcanzar algún acuerdo de interés general. El año, que empezó con esa potencial confusión a que me refería, ha terminado con la evidencia de que no hay nada que compartir, tal como lo ha puesto de manifiesto la reciente cumbre celebrada hace unos días entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Estaban en la agenda algunos de los grandes temas que son objeto de especial preocupación continuamente: el problema de la vivienda, las fórmulas de colaboración en la acogida de menores inmigrantes, el aumento de personal en el servicio sanitario y, cómo no, la necesaria actualización de la financiación autonómica. Ningún acuerdo se alcanzó. Ahí ha quedado el envite de la asunción de deuda autonómica por parte del Estado, inmediatamente teñida de concesión especial a una Comunidad, la catalana, donde ya se han acordado bilateral y anticipadamente aspectos fundamentales de la deuda y de la financiación, que será muy difícil integrar en una instancia multilateral con todos los demás.

Y así va a terminar el año, salvo error u omisión. Con una parte importante de la atención política más pendiente de los Juzgados que del propio Parlamento; con uno de los grupos que prestó confianza para la investidura del presidente del Gobierno pidiendo ya que constate si la mantiene, a través del correspondiente instrumento parlamentario; con ninguna seguridad de que vayan a poder tramitarse unos presupuestos actualizados cuando ya han transcurrido mas de dos años desde la aprobación los anteriores. Claro que, por suerte, hay muchas cosas que van por sí mismas; pero muchas otras necesitarían de un impulso político que hoy por hoy no existe.

En todo caso, tengan ustedes unos días felices y piensen, como yo lo deseo, que 2025 está por venir y que todavía podrá sorprendernos. Para bien, por supuesto.