¿No interesa la corrupción?

Nos explica Linares que el Estado español tampoco ha creado un órgano especializado para prevenir y combatir la corrupción. Únicamente ha dado algunos pasos como resultado de exigencias de la UE creando el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, destinado a la vigilancia de los fondos europeos, y la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación. Sí en cambio las comunidades autónomas han tomado iniciativas: Cataluña (2008), Comunidad Valenciana (2016), Baleares (2016) y Andalucía (2021) han aprobado leyes y puesto en marcha instituciones independientes dirigidas a prevenir y luchar contra la corrupción y a proteger a las personas que denuncian.

Castilla y León tiene avanzado su proyecto de ley y Aragón (2017) y Navarra (2018) aprobaron ya sus respectivas normas, que no han entrado aún en vigor. Madrid acaba de rechazar ir por ese camino. Linares piensa que la respuesta territorial es insuficiente si no viene acompañada de la acción de Estado. No se entiende por qué no se ha abierto esta puerta para que nunca más tengamos que revivir el sonrojo de la corrupción en el sector público.