Inoportuna y provocadora

Cosidó es uno de los integrantes del PP de Castilla y León que más méritos ha hecho por granjearse la antipatía ciudadana. Cuando ostentaba el puesto de director general de la Policía, rodeado de un ejército de escoltas, era casi imposible acercarse a él. En esto de no ganarse simpatías de la gente no solo compitió, sino que aventajó, a uno de sus antecesores en el cargo, el abulense Agustín Díaz de Mera. Cosidó, una vez que su jefe, Jorge Fernández Díaz, salió del Consejo de Ministros, fue convenientemente arropado por el PP palentino de Ángeles Armisén y por el propio Juan Vicente Herrera, quien le reservó durante varios meses el cargo de senador en representación de la comunidad autónoma, ese mismo escaño que ahora ostenta un 'castellano y leonés' de varias generaciones como es el vasco de Sotosalbos Javier Maroto. Miren que era difícil superar la ignominia, incluso la humillación, de una designación que se paga con dinero de los contribuyentes. Parecía que el suelo estaba en Maroto, pero llega el Gobierno de Mañueco y lo supera con Cosidó. Solo se entiende la contratación de Cosidó por la Junta si es que quiere aprender, incluido aprender del propio Mañueco. Pero en ese caso tendría que pagar Cosidó por aprender, no pagarle los contribuyentes por enseñarle porque enseñar a un castellano y leonés cosas de Castilla yLeón y de cómo gobernarla, alguien como Cosidó seguro que no.

No, Cosidó no aporta nada positivo a Mañueco. Al contrario: las polémicas operaciones que protagonizaron determinados equipos policiales bajo su mandato en la Dirección General no son una buena tarjeta de presentación para quien se supone que tiene que contribuir a formular buenos consejos al presidente.

Y si polémico es de por sí el nombramiento como asesor, inoportuno, e incluso provocador, lo es aún más. Lo primero, porque no se puede estar vaciando los consultorios médicos de los pueblos de profesionales que cuiden de la salud de los escasísimos habitantes que van quedando en el medio rural y duplicar el número de asesores de cargos de la Junta de a entre 44.000 y 60.000 euros el puesto. Lo segundo, porque no se puede estar escatimando en profesionales médicos que puedan acelerar las intervenciones quirúrgicas de enfermos que llevan meses esperando a pasar por el quirófano y, ¡hala!, a gastar dinero en asesores de a entre 44.000 y 60.000 euros el puesto. Lo tercero, porque no se puede negar la mejora de las condiciones de trabajo al personal que apaga los incendios en el monte y venga a contratar asesores para políticos en la Junta. En cuarto lugar, porque como muy bien decía hace unos días en este mismo periódico una de las más prestigiosas investigadoras médicas de Europa, la zamorana María Victoria Mateos, muchos de quienes están en hospitales y universidades de esta región tratando de hallar remedios contra el cáncer no tienen siquiera garantizada la estabilidad en el empleo. En quinto lugar,... Para qué seguir si hay centenares de situaciones en las que el millón y medio largo de euros que se van en más asesores de políticos de la Junta y más altos cargos del PP y Ciudadanos permitirían paliar alguna de esas indignas circunstancias en las que los empleados públicos regionales de Castilla y León se ven obligados a trabajar a diario, desde un consultorio de pueblo a un quirófano, desde una escuela rural a un aula universitaria, desde una residencia de ancianos al transporte de enfermos a lo largo de kilómetros y kilómetros cada día.

Hete aquí que llega el momento de asumir el riesgo de que la cohorte de políticos y asesores de PP y Ciudadanos tilden estas argumentaciones de populacheras y demagógicas. Asumido y descontado ese riesgo.

Tampoco vale que el PSOE de Luis Tudanca se rasgue las vestiduras. ¿Tiramos de la nómina de políticos socialistas colocados en puestos de asesores? Tampoco vale que se rasgue las vestiduras el Podemos de Pablo Fernández. ¿Tiramos de la lista se asesores de esta formación? Ni se entiende el silencio, cómplice donde los haya, de Ciudadanos. Aunque si Francisco Igea tragó en la Junta con sentarse en la misma mesa que Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero, a quienes se pasó la campaña electoral haciéndoles vudú para luego decir 'Sí, bwana' cuando Mañueco les nombró, uno más, de apellido Cosidó, no parece que empañe más de lo que ya lo están los primeros meses de Igea en la Vicepresidencia.

Pero, con todo y con eso, hacer coincidir el nombramiento de Cosidó como asesor presidencial con el proceso de negarle las 35 horas semanales a los 85.000 empleados públicos de la comunidad es un desatino de tomo y lomo. Siendo bien pensados, tal coincidencia es inoportuna; siendo mejor pensados, es provocadora. Y ya se sabe que quien siembra vientos... ¡recoge convocatorias de huelga de empleados públicos para el 6 de noviembre!

(Apostilla: Este cronista no cree que Mañueco cometa el error de ser el primer presidente de la Junta al que le hacen a la vez sus 85.000 empleados –¡la empresa regional más grande!– una huelga por no cumplir un acuerdo. Pero de aquí al 6 de noviembre hay tiempo para que sea Ciudadanos, y no el PP, el que se desgaste un poco más, y el 10, elecciones generales. Esa huelga sería suicida para el PP regional).