Los indultos y Europa

En 2018, las fuerzas de seguridad españolas consiguieron que se produjera la detención de Puigdemont cuando se hallaba de paso por Alemania, país que, al contrario que Bélgica, parecía más dispuesto a utilizar los avances jurídicos de la euroorden para sacar de la circulación al soberanista díscolo. A finales de julio, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein dio por «completamente cerrado» el proceso de extradición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y dejó en libertad al líder soberanista.

Se puso así fin a 118 días de un intrincado procedimiento legal, durante el cual un tribunal alemán se prestó a conceder la eurorden por malversación de fondos pero no por rebelión, ya que ningún delito alemán se podía asimilar al español, castigado además con una pena de prisión desproporcionada; ante aquella oferta, que hubiera dejado en ridículo a las autoridades judiciales españolas, el juez Llarena, del Supremo retiró la euroorden. En 2019, antes del Brexit, el Supremo reclamó también mediante euroorden la entrega de Clara Ponsatí, refugiada en el Reino Unido; la euroorden fue admitida a trámite pero jamás prosperó.

En marzo pasado, el Parlamento Europeo retiró por amplio margen la inmunidad a Carles Puigdemont, a Toni Comin y a Clara Ponsatí (con la oposición de UP, ERC y PNV), por aplicación de la lógica jurídica de los 27. Esta decisión permite que resuciten las euroórdenes que quedaron paralizadas al obtener estas personas el escaño en el Europarlamento, pero sigue siendo muy improbable que la Justicia belga se pliegue a la demanda española. Por lo demás, los parlamentarios europeos recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya desmontó nuestra doctrina Parot.

No hay signos explícitos, pero no es difícil deducir de los silencios y de las situaciones cierta sensación inequívoca de que la Unión Europea, y particularmente los países centrales de la UE y el propio eje francoalemán, respirará aliviada ante los avances españoles en la dirección de homologar los delitos contra la democracia a los del grueso de los países comunitarios (rebelión, sedición, etc.) mediante la reforma oportuna del Código Penal, en la que ya está trabajando el Ministerio de Justicia junto a un selecto grupo de expertos en la materia.

La dureza extrema de nuestras leyes con delitos incruentos contra la Constitución genera, seamos realistas, emanaciones y tufos autoritarios que no nos benefician y que, por descontado, favorecen la causa del secesionismo catalán, ya que ayudan a su victimización. Numerosos países europeos tienen problemas semejantes al español y sin embargo no hay encarcelados (sólo en Francia están en prisión los corsos penados por terrorismo, como es natural y como también sucede en España con la gente de ETA).

En definitiva, el camino abierto por los indultos, que debe acompañarse de la modernización del Código Penal, abre el camino hacia una normalización que nos acerca al meollo jurídico intelectual de Europa. Ello no significa que no haya de haber sanción para los responsables del 1-O, ni que no haya que seguir censurando la arrogancia autoritaria de quienes olvidan que la mitad de sus nacionales piensa de forma radicalmente opuesta.

Sencillamente, es necesario que el problema catalán vuelva a los foros de debate, a los Parlamentos, a las universidades y las escuelas, y salga del terreno de los tribunales y de las prisiones. Se elevará así la noción de respeto al discrepante, al que han faltado los dos bandos en esta guerra galana que han mantenido y que aún perdura. Y Europa se sentirá más concernida con nuestros problemas si asumimos que la vía penal es siempre la ultima ratio, a la que nunca hubiéramos debido llegar en este caso.