Los indultos y el Rey

El PP y el resto de la oposición cuentan con sólidos argumentos para criticar los indultos. Les bastaría con repetir los esgrimidos por Pedro Sánchez cuando se pronunciaba de forma contundente contra esa fórmula antes de que acusara de perseguir la «venganza» en lugar de la «concordia» a quienes ahora comparten sus planteamientos de entonces. Un viraje radical que es inevitable relacionar con su agónica dependencia del independentismo para completar la legislatura. Preguntar retóricamente si Felipe VI firmará los decretos que incluyan esas medidas de gracia y deslizar que el Gobierno le convertirá así en «cómplice» de ellas es un clamoroso error de Isabel Díaz Ayuso. Insistir en que ese paso supone «una humillación» para el jefe del Estado después de que Pablo Casado la desautorizara refleja su contumacia en el disparate de poner al Rey en el foco de una controversia en la que su papel está recogido con nitidez en nuestro marco legal.

Ayuso no puede ignorar que el artículo 62 de la Carta Magna, en su apartado 'f', establece que corresponde al Monarca «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros» sea cual sea su contenido. Se trata de una función que forma parte de unos deberes constitucionales que Felipe VI siempre ha cumplido escrupulosamente. No hay, por tanto, debate jurídico. En lo político, implicar al Rey en la batalla partidista, como ha hecho la presidenta madrileña, es una grosera equivocación. Tanto como lo sería identificar a la Corona, por acción u omisión, con un sector del electorado cuando su razón es justo la contraria: servir a todos los españoles.