El indulto y la izquierda

La decisión es arriesgada y podría tener consecuencias electorales peligrosas para el promotor de la idea. Buena parte de la opinión pública española está irritada con los sectores soberanistas catalanes que vulneraron la Constitución que a todos nos abarca para intentar una secesión que no cabe en el marco jurídico que nos hemos dado, desestabilizando a todo el país y embarcándonos en una crisis que, en cierta medida, es también una resonante bofetada al resto de los españoles, compatriotas de una Cataluña siempre ha viajado solidariamente unida al resto del Estado, al menos -por poner una fecha originaria- desde que Castilla y Aragón comenzaron a caminar por las mismas sendas. Un sector socialista ya caracterizado por otras posiciones díscolas en el pasado -los presidentes extremeño, castellanomanchego y aragonés- ha manifestado con claridad su oposición la designio presidencial, sin que -bien es cierto- la opinión de los pages y los lambanes tenga gran recorrido cada vez que disuena del contexto.

La vetusta ley del Indulto de 1870 obliga a que el Gobierno solicite una serie de informes, preceptivos pero no vinculantes, y entre ellos el del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que, lógicamente, se ratifica en la sentencia que condenó a los encausados a penas de hasta trece años (los delitos no fueron cruentos, conviene recordarlo). E insinúa maliciosamente que podríamos estar ante un caso de autoindulto, es decir, de indulto interesado en que el gobierno pretendería conseguir el favor de formaciones nacionalistas de las que depende la estabilidad del propio gobierno. El argumento es falaz porque la coalición gobernante podría tener mayores o menos dificultades para legislar en lo que queda de legislatura pero no perderá el poder si no es víctima de una moción de censura, imposible con la actual configuración del parlamento.

La decisión de Sánchez ha inflamado a las derechas, que no son en modo alguno inocentes en la génesis del conflicto catalán y cuya torpeza contribuyó grandemente a atizarlo. Y en la izquierda, la iniciativa no ha causado entusiasmo. Porque al margen de los pages y los lambanes y del habitual 'sí pero no demasiado' de Felipe González, así como de la negativa furiosa del envejecido Alfonso Guerra, los apoyos han empezado a fluir con cuentagotas. Se ha escuchado con claridad el de Rodríguez Zapatero, siempre leal a sus convicciones, y sobre todo ha restallado un artículo muy significativo de la 'izquierda real' y activa de este país, encabezado por Joaquín Almunia y suscrito por Enrique Barón, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo, Juan Cano Bueso, Manuel de la Rocha, Rafael Escuredo. Una sola frase explica el argumento: «No se pueden imponer soluciones, hay que negociarlas. La iniciativa del Gobierno puede suponer, seguramente, un punto de partida de ese diálogo cuyo espacio es preciso establecer».

Ya se sabe la dificultad que habrá que enfrentar. Los beneficiarios de la media en ciernes se han hartado de decir que «lo volverán a hacer» si surge la oportunidad. Pero las palabras se las lleva el viento. Los políticos no pueden divorciarse de las opiniones públicas que los arropan, y habrá que ver qué piensan los sufridos catalanes, después de tantos años de decadencia y crisis, de la necesidad de buscar una salida negociada al problema si el Estado toma la iniciativa con generosidad. La clase política de Cataluña, con Pujol en el banquillo, tiene mucho que explicar a sus compatriotas, y es muy probable que la sociedad catalana, la misma que mostró susceptibilidad ante los errores del Estado, que se cometieron y graves, imponga ahora la razón y la serenidad a sus propios dirigentes.