Incómodas verdades

En ese indisimulado empeño por hacer notar a los ciudadanos de Castilla y León que esta etapa política es tan, tan, tan distinta a las anteriores, ocurren situaciones en las que los acelerones pueden terminar en salida de la calzada. Desempolvar el debate de la territorialidad bajo el paraguas terminológico de una «fusión de municipios» para insistir después en que en esta legislatura no tocaría llevarlo a la práctica, resulta tan decepcionante para quienes creen imprescindible una reordenación, como abominable para quienes residen en los pueblos y perciben cada propuesta territorial como sinónimo de retirada de escuelas y médicos rurales.

Coger el toro por los cuernos supone estar dispuesto a explicarles a los ciudadanos incómodas verdades, de esas que los políticos suelen huir para evitar charcos que perjudiquen a sus perspectivas electorales. Mucho más si las decisiones pasan por un acuerdo con otros actores principales y en medio de un contexto político plagado de intereses particulares, partidistas y endogámicos que frenan cualquier atisbo de resolución seria sobre los grandes consensos que requieren los asuntos capitales.

A los ciudadanos hay que decirles que, desde 2008 hasta ahora, los municipios con menos de 1.000 habitantes de Castilla y León han perdido más del 10% de su ya de por sí exigua población. También hay que recordarles que en la última década hemos perdido más de 150.000 habitantes en la Comunidad. Claro que toca unirse y agrupar servicios, no queda otra se mire por donde se mire. Pero, al mismo tiempo, esos mismos vecinos deben exigir con todas sus fuerzas saber a qué se destina hasta el último céntimo del presupuesto regional. Por poner el dedo en la llaga, ¿hasta qué punto se les puede pedir sacrificios a los vecinos de nuestros pueblos cuando los cargos de confianza del gobierno autonómico crecen de 22 a 36, es decir un 63%?, ¿los pueblos se despueblan y la administración crece?