Incendiar Cataluña

En una de las preguntas que plantea el Cente d'Estudis d'Opinió en sus periódicos barómetros se da a elegir al encuestado entre Estado independiente, Estado federal y comunidad autónoma, y es muy instructivo observar la evolución de las posiciones desde el Estatuto fallido de 2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 28 de junio de 2010 que rechazaba algunos aspectos esenciales de una norma que ya había sido refrendada por la ciudadanía. Entre junio de 2005 y marzo de 2007, el porcentaje de independentistas osciló entre el 12,9% y el 15,9%. Entre julio de 2007 y diciembre de 2009, la evolución fue del 16,1% al 21,6%. Y a partir de 2010 comienza la gran escalada: en 2010 se alcanzó el 25,2%; en 2011, el 28,2%; en 2012, el 44,3%; en 2013, el 48,5%; en 2014, el 45,3%; en 2015, el 41,1%; en 2016, el 41,6%; en 2017, el 40,2%; en 2018, el 40,8%...

Al preguntar cuál sería el voto en un referéndum de autodeterminación, el «no» ha vencido casi constantemente menos en un breve periodo a mediados de 2016 y entre octubre de 2017 y marzo de 2018. A finales de 2019, el barómetro elaborado después de las elecciones generales del 10 de noviembre y, por tanto, también tras el fallo del Supremo y los disturbios de los días posteriores, reflejó paradójicamente una leve recuperación del 'sí' a la independencia, aunque el 'no' mantuvo una ventaja de cuatro puntos: el 43,7% de los catalanes apoyaba la secesión, mientras que el 47,8% la rechazaba.

Últimamente, la correlación entre independentistas y no independentistas se ha vuelto muy volátil: a finales de octubre de 2020, la distancia entre el 'sí' y el 'no' a la secesión de Catalunya era de apenas un punto a favor del 'no'. En menos de un mes, el rechazo a la ruptura con España se disparó y aventajaba en cinco puntos a los independentistas (49% frente al 43,6%). En el último barómetro, en mayo de 2021, todo seguía casi igual: 48,7% frente al 44,9%.

Es evidente en todo caso que, a partir de la sentencia del TC de 2010, que marcó un punto de inflexión, el independentismo, que había sido sistemáticamente minoritario, se emparejó con la opción contraria en una carrera desenfrenada durante toda la presencia de Rajoy en la jefatura del Gobierno, y ambas se han mantenido hasta hoy en equilibrio inestable. Rajoy se negó absolutamente a dialogar con Artur Mas, quien reclamaba un pacto fiscal, y el entonces presidente de la Generalitat convocó una «consulta popular no referendaria» que supuso la primera transgresión de las reglas constitucionales y el inicio real del 'procés', que llegaría a los extremos que todos conocemos y que mereció la aplicación del artículo 155 de la Constitución., con el apoyo incondicional -era un asunto de Estado- del Partido Socialista. El PP parece haberlo olvidado.

La exacerbación de las exigencias nacionalistas hasta los extremos a los que han llegado no es justificable, pero en política es peligroso abandonar criterios como la flexibilidad, la comprensión y el diálogo, incluso en el trato con disidentes que proponen lo imposible. Con Cataluña se pudo hacer más desde Madrid cuando se caldeaba el ambiente, con argumentos que hubieron debido ser tenidos en cuenta.

De ahí que sea muy peligroso el procedimiento de rigor inflexible hasta incendiar Cataluña que parecen sugerir las derechas actuales. Porque en una democracia no solo hay que cumplir las leyes: hay que crear las condiciones para que la paz no peligre, para que la política sea racional e inteligible, para que la Justicia sea proporcional y comprensible, para que la gente no se sienta burlada, para que la comprensión mutua sea la pauta. Y es urgente bajar al diálogo y a la negociación porque si el porcentaje de independentistas catalanes pasase de determinado umbral, la independencia de Cataluña empezaría a ser apoyada por la comunidad internacional y la causa de la unidad de España estaría perdida a largo plazo.