La verdad es que pese a haber sido vendido por el Gobierno, con toda la alarma posible, como un golpe de Estado judicial en toda regla, la cosa no se ha dejado sentir con el grado de devastación institucional que proclamaron por turnos Meritxell Batet, ... Ander Gil, Félix Bolaños (¡cómo no!), Patxi López y el propio presidente Pedro Sánchez. Después de las irresponsables palabras del diputado Felipe Sicilia en la tribuna de oradores, tal parecía que tras la asonada de Tejero iban a ser las togas las que sustituyeran a los subfusiles en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo madrileña. Tras unos largos días de campanudos pronunciamientos en los que parecía hundirse el país y tambalearse la democracia, la gente siguió saliendo de casa y acudiendo a sus quehaceres con absoluta normalidad. Funcionaban los transportes y las tiendas estaban abiertas. Todo exhalaba tal clima de normalidad que el solemne llamamiento de Sánchez a la serenidad y a la calma carecía, en su impostada puesta en escena, de sentido alguno.
Publicidad
En una democracia todos, ciudadanos e instituciones, están sometidos al imperio de la ley, por eso también sobraron las declaraciones de la presidenta del Congreso, el del Senado y el del Gobierno afirmando que «iban a cumplir la decisión del Tribunal Constitucional». Hasta ahí podiamos llegar. No había otra opción posible. Ahora, el PSOE y sus socios han activado una nueva vía parlamentaria para intentar cambiar el sistema de elección de los magistrados del TC y el CGPJ, y lo harán con una proposición no de ley para eludir el veto del Tribunal de Garantías. Se trata de un atajo, sin duda, pero no tan escandaloso ni tan torticero como el anterior. El Constitucional no ha impedido la tramitación parlamentaria de estas reformas en el Senado, como se demostrará con este nuevo intento impulsado por el Gobierno, lo que sí ha dicho es el que el procedimiento utilizado no era el adecuado, que es algo muy distinto. El mensaje de obstruccionismo intolerable, e incluso de golpismo, lanzado por los voceros de Moncloa, es tan falso como peligroso. Una cosa es que el Tribunal corrija al Ejecutivo y le inste a hacer las cosas por los cauces adecuados y otra promover un enfrentamiento entre poderes del Estado que se antoja como altamente irresponsable. Incluso la Comisión Europea se ha manifestado afirmando que sigue «muy atentamente» la reforma del Código Penal mientras espera que España cumpla con los estándares comunitarios a la hora de legislar sobre aspectos de tanta transcedencia.
El poder de Pedro Sáchez no es omnimodo y el presidente, tan pagado de si mismo, debería saber que la clave de toda acción legislativa reside en el estricto cumplimiento de las normas. El Tribunal Constitucional no ha prohibido que el Gobierno y sus socios jueguen un partido de fútbol, están en su derecho, lo que ha hecho es suspender el encuentro hasta que los jugadores se ajusten al reglamento, advirtiéndoles de que los goles se meten con los pies y, por tanto, no está permitido hacerlo con las manos.
A finales de los años cincuenta un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense se encerró en el Pabellón de Gobierno como señal de protesta. Tras solicitar ser recibidos por el rector éste accedió y les preguntó el motivo de su acción. «Es que queremos echar a Franco», le dijeron solemnes. El catedrático, tan sabio como añoso, se limitó a mirarlos con condescendencia y a decirles: «Créanme, jóvenes, eso tiene su procedimiento». Pues eso, el procedimiento. Ahí está la clave de todo.
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.
