Iglesias: los límites de la discrepancia

En noviembre, se produjeron relevantes cambios con respecto a abril. Ciudadanos, que había sido el gran obstáculo a la gobernabilidad, se desplomó merecidamente (sus electores vieron la inutilidad de su apoyo), el PP remontó algo el vuelo hasta los 89 escaños y Vox alcanzó la inquietante cifra de 52 diputados, en tanto la suma PSOE-UP descendía de 165 escaños en abril a 155 en noviembre (el PSOE descendió tres escaños y UP cayó siete). Pese a ello, y dado que la derecha seguía sin alcanzar los escaños suficientes para intentar una investidura, la izquierda consideró llegado el momento de aunar esfuerzos y voluntades.

El PSOE y UP formaron una coalición sobre unas bases programáticas moderadas y consiguieron atraer a otras fuerzas progresistas periféricas y a lograr algunas abstenciones que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Lógicamente, se temía que la coalición PSOE-UP fuese difícil de mantener ya que la relación entre los dos líderes había sido hasta entonces muy abrupta. Tras las elecciones de abril, Sánchez declaró que no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno.

Lo cierto es que se ha cumplido un año de las elecciones y el nuevo gobierno está a punto de conseguir la aprobación de sus primeros PGE, lo que supondría una garantía de que la legislatura podría discurrir fácilmente hasta su término natural. Bien es verdad que la pandemia ha sido un factor centrípeto que ha facilitado la cohesión interna de un Ejecutivo sobre el que ha recaído una gran responsabilidad. Hoy, sin embargo, hay algunos indicios de cansancio en el seno de la coalición, que ha mostrado en poco tiempo algunas inquietantes fricciones.

Las más notorias y públicas han sido el acercamiento de UP a Bildu en la negociación presupuestaria frente a un PSOE que no quiere perder la opción de pactar con Ciudadanos; la enmienda de UP con ERC y con Bildu para impedir los desahucios hasta 2022; y sobre todo, el apoyo de Iglesias en las redes sociales a un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. Al parecer, el vicepresidente del Gobierno para asuntos sociales no se ha percatado que, además de ser el líder de Unidas Podemos, es un miembro del Gobierno, por lo que es imposible que sus manifestaciones no sean atribuidas a todo el ejecutivo.

Muchos miembros del gabinete pueden estar de acuerdo con Iglesias en la solidaridad con el pueblo saharaui, con el que este país se encuentra claramente en deuda, pero la posición internacional de nuestro país ha de ser muy meditada y, en este caso, ha de tener en cuenta un cúmulo de factores: la ayuda que nos presta Marruecos en materia de inmigración y de seguridad (es barrera del terrorismo islámico); los intereses de las plazas españolas de soberanía; los intensos intercambios comerciales entre ambos países; el valor estratégico de una buena relación entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar, etc.

Por fortuna, la pervivencia de la coalición interesa sobremanera a ambas partes, y ello da estabilidad a este país después de un interregno político que comenzó a finales de 2015 y ha durado casi un lustro. El PSOE no puede gobernar en solitario por razones obvias, y Unidas Podemos, que descendió de 42 a 35 escaños entre abril y noviembre, quedaría arrinconado y sin influencia si el ejecutivo se quebrara. Con todo, ya es hora de que iglesias entienda la situación y no siga dando pasos hacia la ruptura.