Hora de desmentir la historia

Ahora nos encontramos en un momento singular en el que todo puede empeorar o encauzarse. La singularidad del momento no viene dada tanto por la concesión de un indulto parcial a los condenados, cuanto por la movilización sentimental que ha suscitado. Todo el mundo se siente afectado y todo el mundo quiere hacer valer su opinión. Podemos, si acertamos, dar entre todos un salto hacia adelante o, si erramos, enquistar la situación.

La cosa pinta mal porque cualquiera que sea la decisión, el enfrentamiento ya está servido. Hemos creado un ambiente forofista en el que casi nadie escucha ni atienda a razones. Incluso entre los más discretos, sólo verdades a medias, como si faltara aliento para acabar las frases o los argumentos. El otro día Felipe González decía en 'El Hormiguero' que «en este momento» no lo veía. De poco sirve, venía a decir, generosidad por parte del Gobierno si no hay correspondencia por parte de los afectados. Descartaba expresamente que éstos tuvieran que «arrepentirse» de lo hecho, un concepto este del arrepentimiento más religioso que político. Lo que habría que conseguir más bien, decía el expresidente González, es que no tuvieran la ocasión de repetir, aunque quisieran, lo que ya hicieron, a saber, actuar como cargos públicos contra la ley. Se deducía de sus palabras que como los afectados estaban dispuestos a repetir y el indulto no lo iba a impedir, mejor no meneallo. ¿Seguro? Un indulto parcial podría limitarse a la pena de prisión, excluyendo la desobediencia, con lo que seguiría vigente la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No podrían repetir, aunque quisieran. ¿Por qué se le olvidó este detalle?

Luego está el ruido del Tribunal Supremo que no está por la labor. Está en su derecho pero no debería olvidar que en su día no se opuso en absoluto al indulto de Tejero, donde no había asomo de arrepentimiento, «por conveniencia pública». No se puede comparar en gravedad lo que ocurrió en el Congreso con lo ocurrido en el Parlament.

Pese al ruido que anuncian los partidos de derechas, con Vox de vocero, el problema no es ahora el indulto, como tampoco lo fue en su tiempo la negociación con ETA por parte del Gobierno socialista, porque el PP, cuando le llegó su hora, también negoció con los terroristas (a los que Aznar trataba amablemente de «Movimiento Vasco de Liberación»). Todos los gobiernos han usado generosamente la vieja ley de 1870 sobre el ejercicio del Derecho de Gracia y José María Aznar, el que más, a dos indultos por día, incluyendo entre ellos una buena nómina de empresarios y banqueros corruptos o un juez prevaricador.

El problema pues no es el indulto, sino la rentabilidad política que pueda dar su rechazo. El problema no es el indulto porque la ley de 1870 prevé un escenario que se parece mucho al que se da actualmente en España. Habla la ley de delitos de rebelión o de sedición, es decir, de delitos de clara intencionalidad política, cuyos actores pudieran ser indultados, incluso sin arrepentimiento, «por conveniencia social».

Mucho hubiéramos ganado si, en vez de reacciones primarias (las apocalípticas, de unos; las desinformadas de otros; las pasionales de casi todos), nos hubiéramos preguntado si conviene, no a los condenados, sino al conjunto de la sociedad, aplicar un indulto parcial para rebajar la tensión en la sociedad catalana y que sirva también para detener la escalada de sentimientos nacionalistas (de los catalanes y de los españoles) que se han disparado en los últimos diez años con «medidas duras». El hecho de que gran parte de los catalanes, incluidos no nacionalistas, piensen que una medida de gracia ayudaría, avala la conveniencia de la medida. Como decía El Quijote a Sancho «no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo». La ley se puede aplicar con hiel o con miel.

Es verdad que nadie tiene una respuesta definitiva. Es una apuesta con dudas razonables por ambas partes. Pero precisamente por eso es por lo que las propias dudas deben traducirse en confianza hacia quien tiene la posibilidad de intentarlo; y éste, por su parte, debe reconocer que se puede equivocar y asumir, en ese caso, el coste político correspondiente. Esta actitud responsable nada tiene que ver con la crispación reinante.

En un diálogo que José Jiménez Lozano sostenía con Américo Castro, en los años setenta, aquel reconocía con pesar que algo así como la tolerancia o convivencia «era un concepto impensable para una mente española, desde siglos». Y eso es así porque, como nuestra opinión es sagrada, el otro es sospechoso. Nos guiamos más por creencias que por razonamientos. En un mundo así quien tenga dudas está perdido porque los demás piensan estar en lo cierto. Por eso no damos tregua ni confianza al rival. Pues bien, es hora de desmentir a la historia. Es hora de demostrarnos que somos capaces de desacralizar nuestros juicios, de relativizarlos, de darnos una oportunidad. Los que hemos vivido episodios de las dos Españas, no podemos legar a las nuevas generaciones el fatalismo de una España cainita.

Soy de los que piensan que el nacionalismo es un colosal fraude ideológico porque carece de cualquier base racional y que los orígenes y la historia del nacionalismo tienen marchamo reaccionario. Pero también sé que hay nacionalistas que son demócratas porque un mismo sujeto puede dar cobijo a tradiciones intelectuales distintas. Una cosa es discutir teóricamente sobre el nacionalismo y otra, tratar políticamente con los nacionalistas. Con estos tenemos que convivir lealmente sabiendo que todos tenemos una lección pendiente que espera una respuesta.