Guerra total en el PP

El detonante de esa guerra total, escenificada con luz y taquígrafos y que no tardó en cobrarse la primera víctima –Ángel Carromero, mano derecha de Almeida–, han sido las informaciones sobre el presunto intento del aparato del PP de recurrir a detectives para espiar al hermano de Ayuso, supuesto comisionario de un contrato concedido por el Gobierno regional a la empresa de un amigo de ambos en abril de 2020 para la compra de mascarillas. La reacción de la mandataria madrileña –que admitió la operación, cuya legalidad defendió, y la participación en ella de su familiar–, sus agrios reproches a Casado y la virulenta respuesta del número dos del PP han elevado la tensión hasta un nivel que parece irreversible. El presidente del partido no puede eludir el desafío lanzado desde la Puerta del Sol, lo que, aparte de aclarar las circunstancias que rodean el escándalo, significa extraer las consecuencias que un enfrentamiento tan al límite acarrean para la vida orgánica del partido y para sus propias aspiraciones.

El PP y los protagonistas de este conflicto yerrarán si se encelan en perpetuar una espiral que afecta muy seriamente al crédito social de la política y sustrae a la segunda fuerza parlamentaria del país de sus obligaciones, empezando por la representación eficaz de sus votantes. Para ello es imprescindible que las imputaciones cruzadas salgan de las sombras de la insinuación y se formulen con claridad de contenidos y procedimientos, o se retiren o silencien de inmediato. Resulta más que dudoso que el expediente informativo abierto a Ayuso sirva para aportar luz y salidas a semejante crisis. Máxime si no se resuelve con prontitud y, entre tanto, no se precisa su alcance.