Una gran desvergüenza

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualmente de mayoría conservadora, se ha demorado más de tres años porque la derecha no ha consentido perder esta posición privilegiada, máxime cuando sabía que tendría que someterse a numerosos juicios por los delitos relacionados con la corrupción económica que se han cometido en los últimos lustros ligados a financiación ilegal del PP. Casado, sin embargo, ha tratado de disimular esta negativa dolosa disfrazándola de puritanismo constitucional: decía desear que sean los jueces los que se elijan endogámicamente a sí mismos en el Consejo General del Poder Judicial, al menos en el cupo de magistrados (actualmente es el Parlamento el que lo hace, entre candidatos propuestos por la corporación de jueces y magistrados).

La presión sobre el PP para que accediera a la renovación de las instituciones caducadas -Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos- ha sido fuerte, tanto internamente como desde Bruselas, y finalmente Casado ha accedido a negociar con el PSOE la renovación de las instituciones por mayoría cualificado., salvo el CGPJ que ha quedado todavía pendiente. Esta excepción no es casual: la renovación del TC no cambia los equilibrios internos puesto que los cuatro magistrados que ha habido que sustituir eran los del cupo de la Cámara Baja, por lo que el PP y el PSOE se han limitado a sustituir a sus dos representantes, pero cuando se renueve el CGPJ, la mayoría, hoy conservadora, pasará a ser progresista, lo que supone que su presidente y presidente del Tribunal Supremo contará también con la confianza gubernamental. En definitiva, el cálculo del PP en esta reforma parcial ha mirado a sus intereses y no a los generales del Estado, como por otra parte es habitual.

Pero, además, la renovación del TC ha sido sectaria e irritante, ya que se ha dado entrada a algún profesional que ha mantenido un sesgo político venal e inocultable y que, en uno de los casos, ha guardado una familiaridad inaceptable con los espacios de corrupción del PP, en connivencia con algunos de los cabecillas del gran expolio.

No está claro -al menos, no lo tiene claro este cronista- si el PSOE hizo bien convalidando alguna de las propuestas del PP que llenarán de sombrías dudas la institución que interpreta nuestra Carta Magna y socorre a los ciudadanos que la invocan in extremis para preservar sus derechos. En todo caso, es de suponer que el mundo del derecho, y en especial el de la magistratura, está indignado ante esta selección que malversa el espíritu constitucional ya que las mayorías cualificadas no se establecieron para que los grandes partidos intercambien sus cupos de personas afines y domesticadas sino para garantizar que los designados son personalidades transversales, adornadas con el prestigio que les otorga el ser admitidas por gran parte del arco parlamentario.

En definitiva, la renovación de las instituciones constitucionales ha contribuido al descrédito de la política, a la mediocridad institucional y a la desafección ciudadana. Todo indica, en fin, que, con la mayor desvergüenza, hemos hecho un pan como unas tortas.