Un Gobierno progresista

La verdad es que, si se recuerdan los cambios de opinión o de afirmaciones del presidente en funciones y con respecto a cosas no poco importantes y con escasa diferencia temporal, difícilmente cabe pensar que pueda sentirse 'pillado' por nada de lo que alguna vez haya dicho, incluso con la mayor solemnidad. Pero aceptemos que ha adquirido el compromiso de formar un Gobierno 'progresista'. En realidad, hay que suponer que no otra cosa ha podido proponerse nunca un Gobierno del PSOE. Cuestión distinta será la medida o el alcance de ese progresismo. Pero no creo que haya nadie medianamente objetivo que niegue que progresistas fueron los gobiernos de González, y no digamos los de Zapatero.

Habiendo sido el PSOE el partido más votado y habida cuenta de la multiforme composición del Congreso y, sobre todo, de las exigencias de grupos como los de Unidas Podemos y sus asociados y los independentistas, un Gobierno progresista del PSOE en solitario (120 diputados) sería posible con una colaboración para la gobernabilidad por parte del centro derecha, que representan cuanto menos el PP (88 diputados) y Navarra Suma (2 diputados). Si para la investidura del presidente en la segunda votación no bastase con su abstención, y la de algunas otras minorías como la de Ciudadanos (10 diputados), los 2 de Coalición Canaria, la del Partido Regionalista de Cantabria (1 diputado) y el de Teruel Existe, porque aún faltasen 7 abstenciones para que los 120 votos del PSOE tuvieran la necesaria mayoría simple, porque no se pudiese contar por ejemplo con la abstención también de los 7 diputados del PNV sino cediendo a pretensiones suyas excesivas, el PP podría prestar a la candidatura los 7 votos que entonces le serían imprescindibles.

Esa colaboración, en particular del Partido Popular, podría otorgarse con un acuerdo básico que estableciera algunas mínimas limitaciones al nuevo Gobierno para garantizar una razonable protección del Estado en su unidad inescindible, la paz social sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, y la estabilidad y el progreso económicos, dejando amplio margen para que ese nuevo Ejecutivo pudiera aplicar sus políticas progresistas, y manteniéndose el PP como primer partido de la oposición en el control al Gobierno, sin perjuicio de aquel consenso de mínimos y la garantía de no impedir la aprobación de los sucesivos presupuestos.

No se trataría, pues, de una gran coalición, ya que las dos fuerzas políticas no compartirían el Gobierno y mantendrían sus distintas ofertas de acción política, aun limitadas por lo que fijaran como acuerdo o consenso de mínimos. El Partido Socialista debería aceptarlo, pues sabe que su fuerza es limitada y no puede aplicar la integridad de su programa. Aunque el acuerdo de mínimos con el Partido Popular –la siguiente fuerza más votada, con mucha diferencia sobre las demás– le obligaría a ceder o a excluir algunos objetivos de su programa, el impacto sobre este sería menor y de mucha menor trascendencia –para el propio PSOE y para el conjunto de España, a nivel interno e internacional– que las cesiones, exclusiones o cambios que le supondrían la alianza con Podemos y con los separatistas.

Y el Partido Popular debería también empeñarse en lograrlo, en ejercicio de un patriotismo que no se quede en palabras y gestos, sino que se traduzca en hechos, en renuncias para salvar lo más importante. No correría necesariamente peligro su identidad ni el compromiso con sus electores, pues lograría hacer valer su relevancia democrática para obtener algunas importantes garantías del futuro Gobierno socialista que de otro modo no conseguiría, y a la vez podría y debería mantenerse como leal oposición, contribuyendo a regenerar el clima político, reduciendo niveles de crispación y de descalificaciones personales y elevando el debate a lo que no debiera dejar de ser su objeto: las objeciones y propuestas sobre lo que objetivamente sea mejor para el conjunto de la ciudadanía, colocando, de paso, a los grupos minoritarios en el lugar que les corresponde, de modo que no obtengan un poder descaradamente desproporcionado en relación con lo exiguo de sus votos, por mucha consideración que merezcan en sí mismos cuantos alcanzan la representación parlamentaria, más allá del modo con que algunos la ejerzan.

España necesita cuanto antes un gobierno. Es responsabilidad principal de las fuerzas políticas con más apoyo popular –aunque aquella alcance a todas las representadas en el Congreso– buscar la forma civilizada de hacerlo posible del mejor modo, para que se fortalezca la unidad nacional con plena fidelidad al orden constitucional que, por amplísimo consenso, quedó establecido hace más de cuarenta años, y siga afianzándose ese orden constitucional en todos los ámbitos, y particularmente en los más sustantivos, también en lo económico y social. No se harían así concesiones a lo caballo de Troya a la tentación totalitaria y se mantendría la plena sintonía con la Unión Europea y los pactos atlánticos que nos vinculan a la cultura política y económica de los países más desarrollados.