Gobierno de coalición y gobernabilidad

En este marco conviene recordar que el próximo 1 de diciembre va a iniciar su andadura el nuevo Gobierno de la Unión Europea. Populares, socialistas y liberales han pactado un ambicioso programa para los próximos cinco años. Una representante del Partido Popular, la exministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, presidirá un Ejecutivo en el que el socialista español Josep Borrell ocupará la Vicepresidencia y la cartera de Exteriores.

El caso europeo –o la gran coalición alemana– reviste una singular importancia por cuanto se configura como el único modelo válido para desbloquear la situación política de España tras las elecciones del domingo. Sin embargo, corremos el riesgo de volver a incurrir en los errores de los cuatro últimos años y que son los causantes de la inestabilidad actual. El preacuerdo para la formación de un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, anunciado ayer, se basa en un presupuesto que es contrario a la lógica del parlamentarismo: la posibilidad de disociar la votación de investidura de la gobernabilidad. Ambos partidos aspiran a conformar un Ejecutivo en minoría, apoyado por ocho formaciones que suman 170 escaños –frente al rechazo expreso de 152 diputados de la derecha y la ultraderecha– gracias a la abstención de una o varias fuerzas separatistas que, en conjunto, disponen de 28 votos. Nos encontraríamos así con un Gobierno débil y en minoría. Sánchez podrá superar la investidura –si logra la abstención de los separatistas–, pero no dispondrá de una mayoría para aprobar las leyes y los presupuestos. Y lo que es más grave, la supervivencia de ese eventual Ejecutivo dependerá, a partir de la votación de investidura, de fuerzas políticas como ERC o Bildu, que aspiran abiertamente a la destrucción del Estado constitucional vigente.

Esta fórmula –en el improbable caso de que prosperase– en modo alguno garantizaría un Gobierno y una legislatura estables. Conduciría a una peligrosa polarización de la sociedad en bloques o frentes y sería un excelente caldo de cultivo para el auge ya de por sí preocupante de la extrema derecha. Haría inviable igualmente abordar las reformas (en educación, fiscalidad, pensiones, etcétera) que necesita el país, puesto que estas para ser eficaces han de ser sostenidas en el tiempo.

Los programas de PSOE y de Podemos son incompatibles en lo que respecta a los retos principales que el nuevo Gobierno habrá de afrontar: la desaceleración económica y la insurrección catalana. Baste recordar que Podemos rechaza con contundencia la política económica eficazmente dirigida por Nadia Calviño y defiende la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En estos y otros temas, el programa del PSOE está mucho más próximo al del PP que al de Podemos. De la misma manera que el de los populares está mucho más cercano al del PSOE que al de Vox.

En este contexto, el preacuerdo de ayer es una mala noticia porque conduciría a la formación de un Ejecutivo minoritario, débil, dependiente de los separatistas. Y en un contexto de crisis económica e insurrección en Cataluña, a la desestabilización del país. La prioridad debe ser estabilizar España y el preacuerdo va en dirección contraria. La única fórmula para lograrlo es la negociación de una gran coalición de Gobierno entre el PSOE y el PP. ¿Cómo es posible que, a pesar de los precedentes europeos, la aritmética parlamentaria, la existencia de numerosos puntos programáticos en común, y la situación de excepcionalidad que vivimos, las dos fuerzas políticas que vertebran nuestra democracia constitucional no se hayan sentado ya a negociar la formación de un gabinete estable y reformista?

El problema reside en el nefasto procedimiento para la selección de los dirigentes de los partidos. Pedro Sánchez y Pablo Casado han alcanzado el poder en sus respectivas formaciones a través de unas primarias en las que se opusieron a alternativas más moderadas y centradas. La principal promesa que hizo Sánchez a sus bases fue que nunca pactaría con el PP. Lo mismo hizo Pablo Casado con respecto al PSOE. Ambos dirigentes demonizaron a su adversario. Muchos medios de comunicación reforzaron esos estereotipos. Los socialistas –unos de los principales artífices del consenso constitucional– fueron definidos como un partido no constitucionalista y separatista. El PP, como una fuerza franquista. Esta retórica demencial es la principal causa de la extrema y peligrosa polarización política.

Sánchez y Casado deben comenzar reconociendo que nada de eso es verdad. Que ambos dirigen formaciones democráticas que han hecho de España una de las diecinueve democracias plenas del mundo y que, en esta hora excepcional, deben sentarse a negociar un programa de Gobierno de coalición.