La gestión de la abundancia

En el resumen presentado por Sánchez el martes, se enumeraban las diez principales componentes del plan, que suman un total de 50.000 millones: la primera de ellas sería la llamada «estrategia de movilidad sostenible» (puesta en marcha de la electrificación y del sistema de vehículos eléctricos) para la que se prevé invertir unos 13.200 millones. La segunda es la destinada a la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana, que consumirá 6.800 millones. La tercera partida se destinará a la modernización de las administraciones públicas, con una inversión de 4.315 millones. La cuarta y la quinta son el plan de digitalización de las pymes (4.060 millones) y la hoja de ruta para el desarrollo del 5G (4.000 millones). Las siguientes cinco inversiones, por recursos previstos, son las siguientes: nueva política industrial y estrategia de economía circular (3.780 millones); extensión de competencias digitales (3.590 millones); modernización del sector turístico (3.400 millones); desarrollo del sistema de ciencia e innovación: (3.380 millones) e integración de las energías renovables en el sistema eléctrico (3.165 millones).

La partida de créditos Next Generation ha de aplicarse, como se ha repetido incansablemente, no a recuperar la vieja economía prepandemia sino a saltar al escenario nuevo de la pospandemia, sobre presupuestos distintos y tras dejar el lastre de lo inservible (es evidente que este planteamiento dejará muertos y heridos en el camino, y por ello será necesario incrementar las políticas sociales, pero no es descabellado aprovechar la crisis para prescindir de lo ineficiente, de la economía sumergida, etc.). En resumidas cuentas, con ese dinero «para la reconstrucción y resiliencia» hay que realizar la modernización del país, sin perjuicio de que las políticas concretas mejoren los deficientes servicios públicos de forma sistemática -es patente, por ejemplo, que a partir de ahora habrá que concebir la sanidad de otra manera y que anotar partidas de gastos corrientes más generosas a tal fin-. Y esa modernización habrá de pivotar sobre el proyecto común europeo, articulada como ha quedado descrito en torno a los tres conocidos vectores; descarbonización, digitalización, formación.

La armonización en la modernidad ha de incluir un salto cualitativo en el estado de bienestar, y España se ha reservado peculiaridades autóctonas en tres materias clave: legislación laboral, reforma fiscal y sistema de pensiones. Disfrutaremos de un marco de autonomía razonable, como parece haber acordado con toda explicitud la vicepresidenta económica en Bruselas, donde Nadia Calviño representa la solvencia y la profesionalidad que conceden un margen de confianza al Ejecutivo español. Será inevitable que las economías avanzadas concuerden algunos aspectos del sistema fiscal, como el impuesto de sociedades (la llamada de Biden, quien subirá del 21% al 28% la tarifa de dicho tributo, ha sido bien expresiva), pero los cambios han de ser, además de sostenibles, asimilables por una sociedad fuertemente fracturada como la española.

La sociedad civil deberá ahora competir para invertir estos recursos de la forma más adecuada, con la supervisión y garantía del buen fin de los mismos por parte del Estado, que deberá actuar con absoluta transparencia. Tiene razón Sánchez cuando dice que estamos ante una oportunidad comparable al ingreso de España en la UE, pero el reto es hercúleo y todo el sistema productivo español quedará puesto a prueba. Ojalá demos la talla.