El 23 de abril ha sido siempre un símbolo histórico de reivindicación y de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y por el progreso de nuestra Comunidad. El presente año, siguiendo casi la estela de lo sucedido en 2020, nos ... asomamos a esta fecha condicionados por la enfermedad que ha mediatizado todo en nuestras vidas durante más de trece largos meses. Es verdad, no obstante, que a diferencia de lo ocurrido un año atrás llegamos a abril de 2021 con un cierto estímulo de esperanza y de superación de los daños materiales causados por la pandemia. Evidentemente, los daños personales y sentimentales son en muchos casos irreparables. Por tal motivo, es imprescindible declarar de entrada nuestra solidaridad con esos sufrimientos, con quienes nos han ayudado a paliarlos y con una sociedad que en términos generales ha sabido responder a un reto tan enorme con sobriedad y con madurez.
Esta situación tan complicada coincide en el tiempo con el 500 aniversario de los hechos históricos que motivan la festividad. No cabe duda de que, en condiciones normales, la ciudadanía y sus organizaciones habrían sabido también estar a la altura de lo que eso significa y lo hubiesen expresado con la magnitud que ello representa. Sin embargo, no va a poder ser así. Ni siquiera podremos volver a coincidir en las campas de Villalar para festejar el acontecimiento, como seguramente estaba en el ánimo de todos y de todas. Habrá actos, por supuesto, dedicados a la efeméride, pero el sentimiento de comunidad no será visible, como no lo es tampoco, por desgracia, en todas y cada una de nuestras expresiones cotidianas. Esto nos lleva a colocar en el frontal de nuestra declaración una exigencia capital dirigida a los gobiernos: frente a la adversidad, los ciudadanos y ciudadanas reclamamos ser tratados como adultos, demandamos que del combate contra el virus desparezcan las polémicas estériles y exhortamos a que la política se sitúe al servicio de la salud pública y no al contrario. Mirado todo desde cinco siglos de distancia es lo mínimo que se puede concluir. También para eso sirven episodios tan destacados.
Volviendo a la actualidad, para UGT y para CC OO de Castilla y León parece evidente que las demandas de libertad, de igualdad y de justicia que están en el origen de la gesta comunera cobran más actualidad que nunca. Ello es así con independencia del sentido que cada cual conceda a la festividad. Libertad porque no soplan vientos favorables para los valores democráticos por los que hemos luchado. Igualdad porque siguen lejanos los ideales que la identifican. Y justicia porque las circunstancias actuales no favorecen esa aspiración.
La enfermedad y sus muchas secuelas han vuelto a poner de relieve los enormes desequilibrios que padece esta Comunidad Autónoma. Desequilibrios territoriales evidentes que no se solucionan ni se advierte, en muchos casos, la voluntad suficiente para que así sea. Desequilibrios económicos que acrecientan la brecha entre espacios potencialmente punteros y otros que subsisten casi en la marginación. Y desequilibrios sociales engrandecidos por las restricciones sanitarias y todo su envoltorio. Ha habido recientemente algunas fórmulas para abordar todo esto y lo hemos compartido. Pudo serlo el Pacto por la reconstrucción de pasado mes de junio. También el Plan de choque para la protección de la actividad y el empleo firmado en noviembre. Sin embargo, a su lado, otras medidas o la cicatería a la hora de adoptarlas han supuesto un freno para una recuperación cierta. También ahora surgen incertidumbres ante la llegada y gestión de fondos europeos que deberían asegurarnos un porvenir alejado de los lastres y las políticas del pasado. En todo ello, en lo de antes, en lo de ahora y en el futuro, necesitamos una altura política que en líneas generales brilla por su ausencia.
A nadie extrañará, pues, que en este contexto Castilla y León haya finalizado el ejercicio 2020 con superávit. ¿No hay acaso necesidades estructurales y otras sobrevenidas a las que hacer frente? La pandemia ha evidenciado de nuevo tanto el extraordinario valor de los servicios públicos como la estrechez en su financiación y en sus recursos. También nos ha advertido sobre la debilidad de buena parte de nuestros sectores productivos, en particular todo lo que tiene que ver con la hostelería y el turismo, a quienes habíamos fiado buena parte de nuestros resultados positivos, que a la postre no son tales. Y, además, hemos vuelto a constatar la fragilidad del empleo en nuestras empresas, por fortuna limitada a través de mecanismos acordados como los ERTE.
A pesar de todas estas adversidades, CC OO y UGT de Castilla y León insistimos una vez más en el camino del Diálogo Social, que tan beneficioso ha resultado durante los últimos treinta años. Del mismo modo que reiteramos nuestra fe en el mismo tanto en ámbitos estatales como locales. De esos espacios de negociación y acuerdo han nacido en España las mejores y más sólidas iniciativas para el progreso social y económico. Por el contrario, de la unilateralidad y de la colisión sólo han brotado más injusticias.
En este sentido, las dos organizaciones sindicales más representativas seguimos reclamando al Gobierno de España el aumento razonable del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de las pensiones dentro de lo acordado en el Pacto de Toledo, y la reforma inmediata de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del año 2012 en el ámbito de la negociación colectiva y la contratación, así como una reforma fiscal, que permita una salida más justa y solidaria de los que menos tienen en esta nueva crisis.
De la misma forma contundente le reclamamos a la Junta de Castilla y León la aportación de fondos adicionales, por el aumento de desempleo y de las necesidades sociales, para la creación de empleo en las Entidades Locales y empresas, para la prestación de servicios a las personas desempleadas y para las ayudas económicas complementarias a los trabajadores y trabajadoras que menos perciben en situación de ERTE, en esta ocasión para paliar la situación de los sectores de todos conocidos, léase hostelería, turismo, comercio, etc., los afectados en las últimas olas pandémicas.
Es el momento, como decíamos al comienzo, de recuperar los principios que inspiraron hace 500 años la rebeldía contra el abuso y la reclamación de derechos. La actual encrucijada histórica nos exige compromiso para que así sea. La polarización política, las rancias banderas que algunos blanden, las ideas caducadas y los comportamientos altaneros pugnan por conducir a nuestras sociedades hacia las simas más oscuras de la historia. Por ello no hay excusas ni son válidas las dimisiones en el complimiento de los deberes de ciudadanía. El futuro será salvaje o será dulce.
En su definición estamos y en ello nos empeñaremos convencidos de que la historia solo progresa adecuadamente con el empuje de los débiles, con el impulso de trabajadores y trabajadoras, con la ciudadanía más necesitada reclamando derechos y con organizaciones sindicales de clase fuertes como Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.