Suprimir el Diálogo Social es una cacicada

Yo no milito ni he militado jamás en un sindicato (me va mal eso de militar en nada, ni siquiera hice la mili). Aún más, en mi etapa de consejero de educación tuve que negociar con los sindicatos algunas medidas del diálogo social y, por supuesto, comprobé algo elemental: es más fácil tomar decisiones por cuenta propia que hacerlo tras un duro y permanente sistema de negociación con otros, pero también aprendí que la fórmula del diálogo social era estupenda. No porque siempre estuviera de acuerdo con los sindicatos (ellos disparaban con pólvora ajena), pero sí por el método. Y, de hecho, ayudaron a mejorar la dotación de la FP o la rebaja de las tasas universitarias, por ejemplo.

Así que no hablo como parte directamente interesada, sino como profesor de la Universidad y desde la breve experiencia política. Y digo: suprimir el diálogo social es una cacicada (= poder abusivo) irracional que, además, vulnera el art. 16.4 de nuestro Estatuto de Autonomía, que expresamente obliga a los poderes públicos (Cortes y Junta) a «fomentar el diálogo social». Lo que está haciendo la Junta es anti-estatutario en este punto. La responsabilidad directa la tiene el consejero de Vox, la responsabilidad última la tiene el Presidente del PP. Porque, como muy bien dice este, cuando en el gobierno del Estado, algún ministro o ministra de Sumar sostiene tesis distintas del PSOE en materia exterior, por ejemplo, la responsabilidad última es del presidente del gobierno (porque sólo hay un gobierno, aunque con miembros de dos partidos).

La fórmula del Diálogo social, que es la posibilidad de que los actores sociales ayudaran a la Junta establecer algunas políticas públicas, es una fórmula de toma de decisiones original de nuestra Comunidad en su momento, exitosa durante décadas (hasta el punto de servir de inspiración a muchos otros, dentro y fuera de nuestras fronteras y de recibir la felicitación nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo) y una seña de identidad. Vox la desmantela aprovechando el viento favorable de los prejuicios extendidos contra los sindicatos, en la línea populista típica de crispar y polarizar. Probablemente, muchas cosas de estos tendrán que cambiar, ¿pero alguien se imagina NUESTRA sociedad sin la defensa de los derechos laborales que llevan a cabo los sindicatos todos los días? El art. 7 de la Constitución reconoce su fundamental misión. Eso lo entendieron a las mil maravillas personas como Juan Vicente Herrera y José Antonio de Santiago, cuyo espíritu de diálogo y de tolerancia, así como su creatividad, algunos echamos mucho de menos.