Feliz Año Nuevo y a votar

Los hechos y los datos que se fueron acumulando no eran baladíes: desde aquella sorprendente votación en que el PP se sumó a una iniciativa del PSOE contraria a los planes de la Consejería de Sanidad que administraba Ciudadanos, las cartas quedaron repartidas. A partir de ahí se han ido mezclando acontecimientos de presente y previsiones de futuro que iban haciendo muesca: si ha habido maniobras confusas en la negociación de los presupuestos; si ha habido conversaciones o intrigas de alcance desestabilizador, teniendo en cuenta el ajustadísimo equilibrio parlamentario; si el calendario judicial que afecta al PP apuntaba a una carrera de obstáculos en época cada vez más próxima a las citas electorales de 2023.

También, de forma especial, la previsión de una moción de censura, por segunda vez y seguramente con más probabilidad de salir, cuando se cumpliera un año desde la fracasada anterior, allá por marzo, salvo que se diera la circunstancia de reunir suficientes firmas de aquí y allá para presentarla ahora, lo que no era imposible. Curiosa situación ésta: el PSOE, en un alarde loable de cohesión interna, gastó toda la pólvora de firmas en aquella primera moción y, con el año de carencia, regalaba un margen de tiempo y una fecha fija al PP para adelantarse a una segunda disolviendo las Cortes, que es lo que ha ocurrido. Visto desde las claves con que se toman las decisiones políticas, no era poca ventaja, pues es sabido que, si está presentada una moción de censura, queda prohibido disolver el parlamento, y, si se ha presentado una moción, hay que esperar un año para que los mismos firmantes puedan presentar otra.

Todo eso habrá influido, sin duda. En Derecho, cuando no sabemos bien cuál es la causa determinante de un hecho, solemos acudir a uno de esos laberintos jurídicos donde se mezclan las teorías de la concurrencia y la adecuación de diversas causas. Eso es lo que habrá ocurrido aquí: una pluralidad de circunstancias que se presentan acumuladas para dar mayor apariencia de veracidad a los acontecimientos y de proporcionalidad a la decisión adoptada.

Ya comenté en otra ocasión que la disolución anticipada de un Parlamento, que no necesita requisitos jurídicos de adopción por ser una decisión personal de quien es competente para adoptarla, sí debería estar acompañada por argumentos políticos suficientes para hacerla explicable en un contexto y en un momento determinado. Es claro que uno de esos argumentos puede ser el interés partidario de quien toma la decisión, de manera que obedezca a un plan estratégico, local o general, de su formación política. Que sea un argumento legítimo, depende de la idea que cada uno tenga de lo que es legítimo. En todo caso es un argumento efectivo. Más inquietante sería que fuera argumento único, o, al menos, preferente y determinante.

Quien disuelve un Parlamento anticipadamente puede limitarse a decir que lo consideró conveniente y oportuno, y no hace falta más; incluso si no dice ni eso, la decisión es válida legalmente. Pero no puede olvidar que, a la vez, está interrumpiendo de manera abrupta el curso del mandato de cuatro años que emitieron los ciudadanos en las elecciones anteriores, cuando aún faltaba un año y medio. Eso es lo que debería exigir un plus de explicación verosímil, por razones de calidad democrática, aunque no hagan falta motivos jurídicamente constatables. Y no acabo de tener claro que ese plus de transparencia esté cumplido en este caso.

Con este anticipo se abrirá para el futuro, salvo que se revierta el proceso, un nuevo turno electoral autonómico, separado de los demás, especialmente de las elecciones municipales con las que venía coincidiendo sistemáticamente, pues en nuestra normativa la convocatoria anticipada abre nueva legislatura y no es sólo para el tiempo que faltara de la legislatura en curso. Supongo que también esto se haya tenido en cuenta, por lo que supone. Tal como está el ambiente político, aquí y en general, es más que probable que proliferen candidaturas de ámbito provincial o comarcal, pues la no coincidencia con elecciones municipales también facilita tantear las expectativas, para lo que basta presentar una lista en la provincia correspondiente.

Es legal y es legítimo; lo que no tengo tan claro es que el fraccionamiento excesivo, apelando al interés particular de cada territorio para poner luego en valor la representación obtenida, sea conveniente para poder plantear y ejecutar políticas integradas dirigidas a la cohesión del conjunto. Sabemos de sobra que, en un escenario de resultado incierto y ajustado, cada escaño puede ser decisivo para que prospere una investidura o se mantenga la gobernabilidad, y no es buen camino si ese voto se vincula de forma cerrada y exclusiva a objetivos parciales.

Y una cosa más. Vistos los antecedentes, el contexto y las formas de este anticipo, es muy previsible que nos acerquemos a una campaña electoral agria. Están en juego los espacios electorales, la competencia es creciente, y da la impresión de que hay facturas pendientes de pago. En la situación social y económica en que nos encontramos, añadir acritud y desasosiego no es lo ideal para abrir una legislatura de recuperación que necesitará complicidades y acuerdos, con la máxima estabilidad posible y la mínima incertidumbre tolerable.

Así que no es de extrañar que mucha gente se esté preguntando si era evitable este trance. Y tal vez lo era, poniendo en escena algunos ingredientes tan fáciles de imaginar, como difíciles de aplicar, según parece. Dispongámonos, pues, al claroscuro de unas Navidades precavidas y tranquilas, que les deseo felices, en la circunstancia preocupante que nos aqueja, con esta pandemia dando brincos. Tiene pinta de ser un paréntesis antes de que se desaten las hostilidades. Razón de más para disfrutarlo con contención, porque nadie está obligado a ser hostil si no quiere serlo. Pásenlo bien, dentro de un orden, y que el nuevo año sea propicio, contra todo pronóstico.