¿Estudias o trabajas?

En los primeros años de la democracia, en España se reconoció que la formación era la vía principal para superar el retraso socioeconómico en el que los cuarenta años de dictadura habían sumido al país. Era imprescindible universalizar la educación, que tradicionalmente había estado restringida a las clases sociales altas, y que se adquiriese fundamentalmente en instituciones educativas, conforme a metodologías y a recursos formales de aprendizaje. Sin embargo, de un tiempo para acá, en nuestra sociedad se ha extendido el mantra de que solo es posible el aprendizaje mediante la práctica profesional desarrollada en las empresas, un discurso que se ha ido instalando en el pensamiento colectivo hasta convertirse en una verdad incontrovertida.

Quienes argumentan que en otros países la formación en las empresas arroja resultados excelentes -cosa que ni siquiera es verdad- obvian decir que las españolas no se parecen ni de lejos a las de otros 'idílicos' países como Alemania o Dinamarca, ni en cuanto a su tamaño, ni por la estructura sectorial, ni en relación con los recursos destinados por ellas a innovación y desarrollo, ni mucho menos en cuanto a las aptitudes y actitudes del empresariado entre las que se incluye su marcado carácter antisindical.

El caso es que en España hay empresas, de todo tipo y condición, que ofrecen subempleos a nuestros y nuestras jóvenes titulados, amparándose en un entramado legal que propicia estos abusos, regados con dinero procedente de las administraciones públicas, las universidades y otras instituciones, sin que en la inmensa mayoría de ellas exista ningún programa formativo, ni cuenten con personal formador cualificado y, por descontado, carezcan de instalaciones y de equipamiento adecuado a los procesos de enseñanza-aprendizaje qué dicen llevar a cabo. Se trata de que estas personas sean, simplemente, uno más en la cadena de producción; eso sí, con una significativa limitación de sus derechos laborales y a cambio de una exigua retribución a la que ni siquiera se llama salario y que, al provenir de fondos públicos, estos puestos de trabajo salen prácticamente gratis a las empresas.

La causa de esta situación está en el chantaje impuesto por las empresas y las patronales, haciéndonos creer que sin experiencia profesional no es posible acceder al empleo; para ello cuentan con la aquiescencia de las oligarquías políticas y con el silencio cómplice de un importante sector de la sociedad. Un negocio redondo para esas empresas a cambio de condenar a la precariedad a una de las generaciones mejor formadas de nuestro país.