El estado de la sanidad española

La inversión en salud no lo es todo pero resulta reveladora: en términos de participación en el PIB, España está en el decimoquinto lugar, con el 6%, por debajo también de la media comunitaria, que es del 7%. Estamos en definitiva por detrás de países como Portugal (6,35) o Eslovaquia (7,35) y de Francia y Alemania.

Hasta 1997, la sanidad pública coexistió con la sanidad privada sin problemas, pero en aquel año, posterior a la llegada de Aznar al Gobierno en 1996, la Ley 15/1997 de nuevas formas de gestión de los centros sanitarios abrió la puerta a la construcción de nuevos hospitales privados pagados con fondos públicos y a la privatización de la gestión de la asistencia sanitaria. Así, en 1999, el Hospital de Alzira fue el primer hospital público español en el que se privatizó su gestión y, por tanto, el personal sanitario. Asimismo, diversas comunidades gobernadas por el PP ensayaron la construcción de hospitales de gestión privada bajo la fórmula legal de las fundaciones sanitarias de la que es exponente el Hospital de Calahorra (La Rioja). El 1 de noviembre de 2012, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció la privatización de la gestión de seis hospitales y del 10% de los centros de atención primaria de la región, incluido el personal sanitario. El 27 de enero de 2014, González aceptaba la dimisión de su consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, y anunciaba la suspensión de aquella privatización tras la decisión del TSJ de Madrid de paralizar el proceso, en medio de una gigantesca protesta popular contra la privatización. Con grandes dificultades administrativas, el gobierno valenciano consiguió tiempo después revertir la privatización del hospital de Alzira.

La plena descentralización de la sanidad en España ha dejado reducidos a una dimensión simbólica los servicios centrales, como ha podido verse a raíz de la emergencia provocada por el coronavirus. Puede decirse que el sistema ha funcionado bien, aunque han faltado estructuras centrales de coordinación –que, por ejemplo, debían haber mantenido stocks de material sanitario para prever una emergencia como la actual– y un sistema de cooperación que debía haber permitido cierto grado de especialización en cada autonomía de determinados tratamientos singulares. Parece claro que habrá que efectuar una reflexión sobre la necesaria modernización del servicio público de la sanidad. La descentralización es irrevocable y ha rendido espléndidos frutos; sin embargo, la federalización del modelo, que ha de racionalizarlo, aconseja que el Ministerio de Sanidad sea algo más que una cáscara vacía y se dedique a armonizar prestaciones, racionalizar recursos, y, por supuesto, tomar el mando en situaciones excepcionales.

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