Del estado de alarma al estado alarmante

La covid-19 ha alterado todas las agendas, la economía y el empleo sufren un choque brutal y el Estado se mantiene con el Presupuesto del PP para 2018, ya que el Gobierno anterior cayó por no poder sacar adelante sus Presupuestos Generales; pensar en ellos resulta quimérico actualmente. Este vacío presupuestario se altera por la habilitación de fondos para afrontar la pandemia y el Gobierno intenta movilizar cantidades en base al voluntarismo, en espera de ayuda europea.

La virulencia de la covid-19 aconsejó confinar a la población para evitar contagios, y el Gobierno trazó una estrategia paralela basada en el estado de alarma, de modo que controlaría el impacto social con un confinamiento apaciguado por el «escudo social» de los ERTES, empeño responsable de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. El objetivo previsible era llegar a la paz del verano y en otoño contar con recursos europeos. Pero el mundo no es feliz, el confinamiento se aguanta peor, crecen la vulnerabilidad, los autónomos arruinados y la frustración de ERTES sin pagos. Mientras, las maniobras políticas radicalizan el enfrentamiento civil.

«Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y vamos a dejar lo mejor de nosotros en este Gobierno». Así se expresó Iglesias en la presentación del Plan B de Sánchez-Redondo, tras las elecciones del 10-N, cuando al no lograr mayoría suficiente, procedía anunciar el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que culminó en un abrazo «fraternal» al presentar el programa. Era previsible que el afecto durase poco tiempo, pues son dos 'caudillos' aspirantes al mayor poder posible a cualquier precio. Sánchez confía en su instinto de supervivencia, pero debería tener cuidado, pues Iglesias es más astuto, de modo que, aunque ganara las elecciones del 10-N, los hechos sitúan a Iglesias como verdadero triunfador y su «lealtad» le impulsa a sacar sus proyectos estrella (ingreso mínimo vital, derogación de la reforma laboral, indulto a condenados del 1-O, etc.) con rapidez, para dimitir con su labor cumplida antes del deterioro de la situación. Enfrascado en sus homilías, el 'vicepresidente de propaganda' Sánchez parece no verlo.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha sido creada por Las Cortes para superar la crisis de la covid-19. Su composición no da lugar al optimismo, pues la integran políticos cuya actividad se ha desarrollado dentro sus partidos, en su mayoría y con independencia de ideología. Tras el pacto con Bildu, la vicepresidenta Nadia Calviño ha sentenciado que «nos pagan para resolver problemas, no para crearlos». Tiene toda la razón, pero será muy difícil salir de la situación con esos mimbres.

La responsabilidad fundamental es del Gobierno, que tiene el soporte administrativo del Estado y debería elaborar un Plan/ Programa riguroso, que concrete el tiempo preciso para absorberlo y logre un apoyo político amplio, que avale su compromiso de aplicación; no para salir del paso ante la UE que no se dejará engañar. Siempre ha habido ministerios como premio a alguna militancia, pero no se puede jugar con la seguridad, la salud, la educación, las coberturas sociales…, ni con la economía y la hacienda. Los titulares de esos cargos eran profesionales de competencia reconocida, solían ser catedráticos, publicaban libros y sabían que se traían entre manos. Los Pactos de La Moncloa fueron posibles porque había gente competente detrás (Fuentes Quintana, Tamames, Boyer y muchos más).

La multiplicación de ministerios como recompensa política provoca que, ante los problemas, los ministros 'inexpertos' desconfían del funcionariado y optan por expertos externos proclives. Se tiene pánico al error que finiquite una carrera política y se concluye que a mayor ineptitud, mayor número de expertos. Un terco resultado por falta de capacitación.

El inevitable final del estado de alarma abre la vía a una realidad, larvada por él, que evidencia un Gobierno volátil, dependiente de apoyos opuestos al orden constitucional que, incluso, forman parte del Gobierno que debe defenderlo. Cuando este funciona gastando recursos sin orden ni programa; cuando los avisos de conflictividad manejados por el Ministerio del Interior preocupan, pues de momento «solo» se vive la división ciudadana en un contexto de malestar creciente, pendiente del «escudo social» y la ayuda europea; cuando el innecesario pacto de Sánchez con Bildu es un síntoma que implica graves consecuencias y muestra, una vez más, sus carencias éticas. No podemos entrar en una nueva fase: el estado alarmante. El PSOE deberá valorar si este camino es el deseado por sus votantes, debe decidir si la egolatría de Sánchez es un problema del PSOE y del Estado. Esperemos que no sea demasiado tarde cuando lo decida.