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Una ONG de Cataluña, Plataforma per la Llengua, ha estado espiando a los niños para fisgar en la lengua en que se relacionan cuando están jugando en el patio de su colegio. Según la versión de la Generalitat, esta vigilancia se realizó sin autorización ... oficial y sin conocimiento de los centros educativos en los que se ha realizado el espionaje. Nada menos que en cincuenta escuelas. Sin entrar en otras consideraciones, estamos ante una vulneración del derecho a la intimidad de los menores y el desempeño de una actividad ilegal en centros de educación. De momento, el Gobierno que dirige Joaquim Torra no ha iniciado ningún expediente sancionador. Muy al contrario. Ha defendido a la organización no gubernamental (no gubernamental, pero financiada por el Gobierno) afirmando sin el mínimo sentido del ridículo que no era espionaje sino «observación de incógnito». Hay un tercer elemento ilegítimo en esta práctica repudiable que es la coacción. Desde el momento en que los escolares saben que pueden ser espiados por los vigilantes de la lengua, no tendrán la libertad individual necesaria para decidir sin presión o coerción en qué lengua desean expresarse con sus amigos y en sus juegos.
Y hablando de juegos, ¿quién nos asegura que algunos de los niños espiados no podrían haber estado jugando a presos políticos? ¿O a imitar el banquillo de Oriol, Romeva y compañía? O a hacer de juez Marchena («No empezamos bien» ) o de Torra («Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias» -en español- ). A jugar a votar, o a parodiar los referéndums de la Señorita Pepis. Los chiquillos tienden a convertir en juegos lo que sus mayores les cuentan como dramas. A saber qué habrían puesto en el informe a la del espionaje colegial a la Generalitat los vigilantes de la república.
La banalización de estos presuntos delitos de la Plataforma per la Llengua por el titular del Ejecutivo catalán Josep Bargalló, restando trascendencia a los hechos, invita a pensar que la obnubilación lingüística del equipo separatista del señor Torra está por encima de los derechos individuales de los catalanes. Tampoco hay que sorprenderse. Todo nacionalismo se caracteriza por situar los supuestos derechos colectivos, del pueblo, de la nación, sobre los individuales. Si a la cabeza de Cataluña está un político cuyo pensamiento destila frases de odio contra la otra lengua y la legalidad constitucional («España está dispuesta a hacer lo que sea para seguir ocupando nuestro país. Es antinatural hablar español en Cataluña»), el espionaje a los niños para marcarles, lingüísticamente hablando, es una consecuencia inherente.
En lugar de construir, de «hacer país», como dice el nacionalismo catalán, lo están laminando. No hay política peor que la de la imposición de la lengua para provocar el efecto contrario. Que se lo pregunten a los fundamentalistas del euskera. Pero ellos siguen ciegos en su hoja de ruta.
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