La escasez de vacunas

Es patente que las grandes compañías farmacéuticas, acostumbradas a ejercer sin cortapisas su 'soberanía', no acatan la voluntad política de la Comisión, sin ver, porque nadie se lo ha explicado con suficiente claridad, que en Bruselas reside la capacidad legislativa que podría acotar seriamente el oligopolio sanitario, que, como es hasta cierto punto lógico, está más preocupado por la retribución a sus accionistas que por la salud de la humanidad en general y de los europeos en particular. La salud es un negocio para ellos, en tanto es un derecho inalienable y básico para las instituciones políticas y para la propia ciudadanía.

El periodista Andreu Missé ha publicado un trabajo en el que denuncia las prácticas del monopolio farmacéutico que frustrarán seguramente el programa de la UE, que no estaba mal diseñado: «Acuerdo con seis farmacéuticas para producir 2.300 millones de dosis con la financiación de 2.900 millones de euros de dinero público para investigación y producción. Los contratos habrían permitido vacunar a los 448 millones de europeos y a otros 1.000 millones de personas de Estados vecinos y países pobres». Pero el oligopolio, de un lado, y la gran dependencia del exterior de la UE en material sanitario, de otro, pueden frustrar el logro del objetivo, además de obligar a invertir mucho más dinero en las vacunas.

Un informe del Parlamento Europeo del pasado julio (ya en plena pandemia) citado por Missé lamentaba la gran deslocalización que ha sufrido Europa en el sector sanitario, de modo que el 40% de los medicamentos comercializados se fabrican en países terceros y entre el 60 y el 80% de los principios activos provengan de China y la India.

En lo referente a las prácticas monopolísticas, se dispone de un informe de 2019 de la Fundación Alternativas, 'Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Algunas propuestas para impedir los precios excesivos y garantizar un acceso justo a los medicamentos', firmado por Ramón Gálvez Zaloña y Fernando Lamata Cotanda, disponible en Internet, en el que se demuestra el abuso que tales compañías cometen habitualmente gracias a «las patentes y otros instrumentos de exclusividad», lo que cuesta a España un sobreprecio en medicinas de más de 8.000 millones de euros anuales (más de 70.000 millones a la UE-28).

Las compañías farmacéuticas invierten en investigación, y su éxito ha quedado de manifiesto al haberse conseguido situar en el mercado un abanico de vacunas contra la covid-19 en menos de un año, pero ello no las exonera de cumplir unas normas de servicio público a la ciudadanía, entre otras razones porque reciben también copiosas subvenciones de los Estados.

A la vista de la situación, la gran pandemia debería servir de lección a las administraciones sanitarias europeas y de nuestro entorno. En primer lugar, parece lógico recuperar para Europa una parte significativa de la industria farmacéutica por razones de seguridad y autosuficiencia sanitarias, así como mantener unos stocks de material de primera necesidad que permitan responder inmediatamente a cualquier emergencia. Y en segundo lugar, es necesario establecer fórmulas de control sobre las patentes, que han de permitir a las compañías que las logren amortizar la inversión y lograr un beneficio, dentro de unos márgenes razonables. No se puede especular con la vida, y la industria farmacéutica debe interiorizar esta evidencia.