El rey emérito y el Parlamento

Efectivamente, desde el punto de vista jurídico, no hace falta ser un experto para entender que la inviolabilidad del Rey, consagrada por el artículo 56.3 de la Constitución, se mantiene en tanto el monarca ostenta la jefatura del Estado y cesa cuando deja de ocuparla. Y como es sabido, don Juan Carlos abdicó en junio de 2014 para evitar mayores daños a la Corona después de ciertos escándalos a los que sí ha alcanzado aquel privilegio constitucional.

Los artículos 76 de la Constitución y 52 del Reglamento del Congreso habilitan a este a crear comisiones de investigación «sobre cualquier asunto de interés público», sin más requisitos ni condiciones. Asimismo, los grupos parlamentarios que actualmente solicitan la comisión recuerdan que en otras ocasiones precedentes, la Mesa del Congreso ha considerado que la investigación de presuntas irregularidades cometidas por actos de carácter personal de personas con relevancia pública «se ajusta perfectamente a la noción de interés público exigida por la Constitución y por el Reglamento de la Cámara Baja». Fue el caso de la investigación parlamentaria sobre el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio por el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias, o la comisión de investigación sobre la gestión de fondos reservados por parte del director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

La posibilidad de que el Congreso de los Diputados cree una comisión no genera obviamente imperativo alguno en el sentido de que haya que crearse a la fuerza, máxime cuando la experiencia demuestra la perfecta inutilidad de tales instituciones cuando lo que se pretende desdentrañar está ya siendo investigado por los Tribunales, como es el caso. El interpelado en tales comisiones tiene perfecto derecho a no incriminarse y a declinar responder por tanto a las cuestiones que se le planteen. De forma que la liturgia parlamentaria sólo tiene un valor teatral, cuasi lúdico, que consiste en el paseíllo del incriminado ante los medios y ante la opinión pública, pero no ayuda a que se haga justicia ni a que se destaque el criterio de la igualdad de todos ante la ley.

Don Juan Carlos ha cometido crasos y graves errores en sus últimos años de reinado (y en los no tan últimos también, al parecer, aunque ello no podrá investigarse) pero también tiene prestados importantes servicios a este país, que no debemos ni podemos ignorar. Ya se sabe que el acierto de hoy no inmuniza contra el error de mañana, pero si se observa la cuestión con cierto sentido del equilibrio y algunas dosis de magnanimidad, se llegará a la conclusión de que la democracia y la Constitución habrán quedado bien servidas si don Juan Carlos se somete al dictamen de los tribunales, que a buen seguro se producirá, como si de cualquier otro ciudadano se tratara.

Para restituir la legalidad y devolver el crédito a las instituciones, no es preciso ni la dramatización del caso ni el ensañamiento en las personas: ha de bastar, y basta de hecho, que se cumpla la ley, que se esclarezca lo sucedido y que se detecten los ilícitos penales que puedan haber existido, con sus correspondientes consecuencias. Proceder de otro modo sería atacar gratuitamente a la Jefatura del Estado, que en la actualidad está además emprendiendo un ejercicio de transparencia y modernización que impida que hechos de esta naturaleza pueda reiterarse en el futuro.

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