Elogio del Estado

Por lo demás, aun antes de que se hablara de cambio climático ya se sabía que este era un país de grandes extremos meteorológicos, de abundantes sequías e inundaciones, de años de grandes fríos y nevadas en invierno y otros de temperaturas templadas y placenteras. Ahora, al parecer, el calentamiento global intensifica los fenómenos más radicales. La tormenta Filomena vendría a dar la razón a quienes así opinan. Y sea como sea, las autoridades de las zonas más afectadas se han apresurado a pedir socorro a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que en 2020 ya desempeñó una labor muy meritoria en la lucha contra la gran pandemia, en primera línea de fuego y con una abnegación que nunca se agradecerá suficientemente a sus integrantes.

Pues bien: esta reclamación a la UME por las autoridades conservadoras madrileñas ha traído a colación, sobre todo en las redes sociales, la paradoja de que cuando el presidente Rodríguez Zapatero creó la Unidad en octubre de 2005, Rajoy, entonces líder de la oposición y supuestamente obligado a llevar la contraria, afirmó que la constitución de la UME tenía «un difícil encaje legal» y criticó con dureza su creación «porque implica la segregación permanente de un importante contingente para misiones no militares». Pero el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa fue mucho más allá y dijo que la creación de la UME era «un capricho faraónico de Zapatero».

El dislate, que ya lo era entonces, adquiere ahora su verdadera dimensión. Porque la gran pandemia, en la que también la UME ha jugado su papel, ha puesto a prueba el sistema público de salud, que se había depauperado gravemente por la gestión que Rajoy hizo de la crisis 2008-2014 y que ha tenido que dar más que lo que podía a las víctimas de una gigantesca epidemia, lo que ha costado, además de sangre, sudor y lágrimas, las vidas de muchos sanitarios abnegados. Sin la sanidad pública y sin el esfuerzo de sus trabajadores -a menudo mal pagados y poco reconocidos-, la pandemia hubiera sido todavía más una carnicería, como lo está siendo en los Estados Unidos, donde algnos predecesores de Trump y el propio Trump han hecho lo posible y lo imposible para negar a sus ciudadanos una sanidad universal, pública y gratuita. Ocioso es decir que, en España, la Ley de Sanidad Universal fue aprobada el 18 de marzo de 1986, gobernando entones el socialista Felipe González. El artífice de aquella ley fue Ernest Lluch, inicuamente asesinado por ETA.

La socialdemocracia, que fue arrasada por la oleada liberal que protagonizaron en los ochenta Thatcher y Reagan (a quienes debemos agradecer sin duda la desregulación que dio lugar a la gran crisis de 2008), vuelve ahora reclamada por quienes han empezado a entender que la mejor garantía de la ansiada igualdad de oportunidades pasa por la existencia de unos grandes servicios públicos -sanidad, educación, servicios sociales- universales, gratuitos y de gran calidad. Es decir, por la existencia de un estado suficiente capaz de salir en socorro de la comunidad en momentos delicados -la pandemia, los grandes fenómenos meteorológicos-, de integrar a los que no lo están, de sostener a quienes han quedado fuera del sistema, de garantizar el imperio de la ley y la vigencia del estado de derecho y prorratear con equidad el costo de todo ello mediante un sistema fiscal justo y ecuánime. En el otro lado de este planteamiento están Trump y sus admiradores.