La vivienda, una prioridad

No resulta exagerado calificar de emergencia social las dificultades a las que se enfrentan las nuevas generaciones, y también grupos de mayor edad, para acceder a una vivienda. La escalada de este problema engrosado durante años en la lista de principales preocupaciones de la ciudadanía no se ha correspondido con una respuesta acorde por parte los poderes públicos, que deben darle por fin la prioridad que merece. Es más: solo ha adquirido protagonismo en el debate político cuando ha alcanzado dimensiones alarmantes. Y lo ha hecho más como arma arrojadiza contra el rival o reiteradas promesas que no acaban de ver la luz que como medidas efectivas en marcha. Con el agravante de que las posibles soluciones no son ni rápidas ni sencillas. Además, requieren una conjunción de esfuerzos entre los distintos niveles de la Administración que está lejos de ser una realidad en un clima de envenenada polarización partidista.

Todo ello alimenta el malestar en crecientes capas de la población, que, aunque no se desborde, solo puede aumentar si las instituciones tardan en ofrecer recetas acertadas cuyos resultados sean visibles. Recetas que corrijan el abismal desfase entre la oferta y la demanda que está detrás del alza de unos precios prohibitivos para amplios colectivos. Una situación que responde a que en nuestro país solo se edifica cada año un tercio de los pisos que precisaría y a que los destinados al alquiler –de los que los turísticos, a los que hay que poner coto, acaparan una porción apreciable en algunas ciudades– son manifiestamente insuficientes. Nada que no se sepa hace tiempo.

Urge elevar de forma sustancial el parque de vivienda disponible. Por un lado, impulsando la construcción con la movilización de suelo y la agilización de trámites; por otro, con una decidida implicación de los gobiernos en promociones de VPO dirigidas a la venta o –preferentemente– al arrendamiento social y un marco regulatorio y fiscal que estimule el alquiler. La intervención pública en este ámbito es imprescindible, como reconoce el Banco de España, que también ha advertido sobre los riesgos de algunas medidas efectistas. Un ejemplo elocuente: el precio de los alquileres ha bajado un 5% en las 'zonas tensionadas' de Cataluña, pero a costa de reducir un 17% la oferta. Ni Pedro Sánchez puede comportarse como si no llevara seis años en la Moncloa ni los demás partidos como si no tuvieran responsabilidades en comunidades y municipios, donde está una parte de la solución.

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