Una victoria de la justicia fiscal

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la que Apple tendrá que devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos, más intereses, representa un sonoro varapalo a la versión más extrema del 'dumping' fiscal aplicado por ese país para atraer sedes de grandes multinacionales, que en este caso incluía escandalosas prácticas contrarias a la libre competencia. La cifra equivale a la que Dublín perdonó a dos filiales del gigante tecnológico con las que pactó sustanciosas ventajas tributarias de las que no pudieron beneficiarse otras empresas y que constituyen ayudas de Estado. La sanción aprobada en 2016 por Bruselas, contra la que falló en primera instancia el Tribunal General, ha sido confirmada ahora en una resolución inapelable que la comisaria Margrethe Verterger calificó ayer con razón como una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal. También para favorecer una competencia en condiciones de igualdad en el mercado único, un principio que choca con el uso desacomplejado de una baja fiscalidad para captar corporaciones de gran tamaño –extendido también en Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica–, que merece una reflexión por parte de la UE.