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Desde el inicio, hace poco más de un año, de la nueva legislatura en el Ayuntamiento de Valladolid, con el PP y Jesús Julio Carnero en la Alcaldía, el soterramiento de las vías del tren y las obras en marcha para la integración de esa importante infraestructura de comunicaciones ferroviarias concentran el debate político local. Por resumirlo mucho, Carnero se propone resucitar el proyecto de soterramiento, como defendió en campaña, descartado hace años por todos los partidos y todas las instituciones. Y desde el Ministerio de Transportes, con el exalcalde Óscar Puente a la cabeza, se pretende acelerar su muerte con una ampliación de dicho plan de integración y la nueva estación de Campo Grande, que solo depende del Gobierno y que, una vez terminada, haría inverosímil el soterramiento de las vías.
En El Norte de Castilla hemos informado (hace ya muchos lustros) de todos los pormenores y episodios relacionados con esa aspiración ciudadana desde que nació. Durante los últimos años también. Hemos dado eco a cuantas voces han procurado expresar sus deseos en un sentido u otro, a favor y en contra. Pero una cosa es el debate de las ideas o las esperanzas y programas electorales y otra muy distinta es la cara práctica de lo que se dice, se habla, se promete o adivina. Es decir, los proyectos reales, el dinero disponible, la seguridad administrativa. Es lo que, por asombroso que parezca, se empieza a comprometer en este momento. Por eso la reflexión a la que llegarán muchos ciudadanos de toda la ciudad, no solo de las áreas más directamente afectadas, es que, unos por otros, al final puede que no tengamos ni soterramiento ni integración ni nada de provecho. Y ello cuando, por fortuna, se cumplen todas las condiciones técnicas, procedimentales, administrativas y económicas para seguir desplegando lo que, conviene recordarlo cuantas veces sean necesarias, acordaron en su día Junta, Ayuntamiento, Gobierno, PP y PSOE por unanimidad. No hablamos de carriles bici o cosas menores, hablamos de algo que exige grandes inversiones y planificaciones a muy largo plazo.
Ese debate, esos vaivenes, estos tira y afloja retrasarán sin duda, si se perpetúan, el desarrollo de la ciudad, generarán dudas en torno a lo que va a ser Valladolid dentro de unos años e interrumpirán su progreso. Los responsables políticos deben entender que los vecinos no pueden sentirse rehenes de un conflicto que, al menos por ahora y sobre el papel, está sobrepasado por proyectos puestos ya en marcha. El Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, está en su derecho de defender su proyecto de soterramiento. Por eso solicitó un estudio técnico que intente desmontar el que ofreció Adif hace unos meses, radicalmente contrario a esta opción en nuestra ciudad. Sería deseable al menos, por tanto, que no se entorpeciera ni retrasara desde la Sociedad Alta Velocidad ningún trabajo destinado a cumplir con lo aprobado y pactado por todas las administraciones implicadas y las dos principales fuerzas políticas de la capital, la comunidad y el país hasta no disponer del resultado de dicho estudio. Porque podría ocurrir que, dando fiabilidad a ese estudio, y aun cuando no descartara la viabilidad del soterramiento, por su cuantía económica, sus tiempos de ejecución o sus servidumbres, puestas en conocimiento de la ciudadanía, los referentes sociales y económicos, los viajeros y los vecinos y las administraciones, este se descartara.
No parece, pues, lógico ni prudente detener o ralentizar lo conseguido, planificado y dotado, aunque no sea lo ideal, sin tener la seguridad de que va a existir una alterantiva mejor posible, cosa que en estos momentos no ocurre.
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