Venezuela es una dictadura

Una alusión en la presentación de un libro por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a que el régimen de Nicolás Maduro es una «dictadura» ha llevado al Gobierno de Venezuela a preludiar una posible ruptura de relaciones con España convocando a nuestro embajador en Caracas y llamando a consultas al suyo en Madrid. Las palabras de Robles, que contrasta con los equilibrismos dialécticos del Ejecutivo del que forma parte y la cautela de sus movimientos en un intento de facilitar una salida dialogada a la crisis en ese país tras lo que a todas luces parece un fraude electoral, coincidieron el jueves con la recepción informal que Pedro Sánchez dispensó en la Moncloa al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, después de que el Congreso lo reconociera simbólicamente como presidente electo.

La respuesta española a la situación venezolana revela la dificultad que entraña anhelar que las libertades se abran paso en otro lugar mientras se teme que los empeños resulten baldíos y hasta contraproducentes. La prudencia institucional es siempre aconsejable y resulta imprescindible manejarse en esos términos a muchos kilómetros de otras realidades, pero no debe confundirse con una deliberada tibieza. La constatación de que el chavismo trata de perpetuarse mediante un sistema autocrático que lleva más de dos décadas negando la división de poderes, cercenando el derecho de sufragio pasivo y sometiendo a una persecución despiadada a los discrepantes es un clamor internacional. Pero, además, está vivamente presente entre nosotros por el testimonio de los 400.000 venezolanos que no han podido o no han querido soportar lo que sin duda es una dictadura y hoy están aquí.

No es casual que el PNV y Coalición Canaria apoyasen el miércoles en el Congreso la iniciativa del PP. Aunque haya formaciones parlamentarias comprensivas e incluso directamente alineadas con el propósito neocomunista de unir chavismo y castrismo como la gran esperanza para quienes no viven ni en nuestras condiciones de bienestar ni con nuestras libertades. Una doctrina que, en nombre de la autodeterminación de los pueblos, rechaza la obsesión presuntamente imperialista de tan siquiera exigir elecciones libres y la verificación de las actas en Venezuela, junto a esa variante intelectualizada que prefiere interpelar a la oposición en ese país sugiriendo que quizás el problema resida en su incapacidad para echar abajo el régimen heredado y caricaturizado por Maduro.