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Un Gobierno no deja de serlo por la proximidad de las urnas. Estén convocadas o no unas elecciones, su responsabilidad es adoptar en todo momento las medidas que estime necesarias para afrontar los problemas que son de su competencia sin dejar que se pudran por ... una inacción contraria a sus obligaciones institucionales. Paliar los efectos de la aguda sequía que desde hace meses sacude el campo español y ha provocado cuantiosas pérdidas requiere acciones inmediatas, que deberían estar ya en marcha. Es incuestionable la necesidad del plan por valor de 2.190 millones de euros anunciado ayer por el Ejecutivo, que incluye ayudas directas e inversiones hidráulicas ante la asfixiante falta de lluvias que atenaza a un sector básico. No por ello deja de resultar sospechosa su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario, reunido solo unas horas antes del inicio de la campaña del 28M. Máxime al coincidir con una tormenta de promesas en materia de vivienda y rebajas para los jóvenes en el transporte que la tiñe de un carácter nítidamente electoralista y, sin restarle validez, invita a pensar que además de combatir la sequía pretende favorecer una lluvia de votos en el mundo rural.
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