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Tiene pleno sentido el retraso en la entrada en vigor de la reforma de la Selectividad anunciado ayer por el Gobierno. No solo porque sus servicios jurídicos hayan confirmado, como era previsible, que un Ejecutivo en funciones carece de capacidad para aprobar un decreto ... de esa índole. También porque, con la investidura pendiente, el curso habría comenzado con una incertidumbre total sobre a qué tipo de prueba se someterán en junio los alumnos de segundo de Bachillerato, cuyo aprendizaje está condicionado a la preparación de ese examen. Ha existido una manifiesta imprevisión, aunque la ley educativa es clara con los plazos.
El Consejo de Ministros paralizó en mayo la normativa por la convocatoria de elecciones generales. Pero la nueva EBAU debía estar diseñada hace meses. De hecho, Educación retiró en diciembre un proyecto basado en una prueba de madurez que suscitó un rechazo casi unánime de las comunidades. El retraso en el cambio de formato tendrá efectos colaterales: los profesores deberán aplicar un currículo basado más en la adquisición de competencias que en la memoria, como establece la Lomce, pero la Selectividad será muy similar a la actual.
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