Pedro Sánchez inició ayer la ronda de encuentros con sus homólogos de las comunidades autónomas, obligado por la contestación generada en torno a la «financiación singular» concedida a Cataluña. Un mes después de que Salvador Illa resultase investido presidente de aquella comunidad gracias al apoyo ... de ERC siguen sin conocerse los términos del pacto, y es imposible saber nada sobre la generalización de la «singularidad» con cuyo anunció trató el Gobierno de salir del paso. Aunque Sánchez creyera ganar tiempo intentando diluir la afrenta que supone la excepcionalidad financiera y fiscal para Cataluña en una audiencia presidencial para que los distintos territorios le expongan sus particulares demandas, el resultado previsible dista muy mucho de dar lugar a una transformación netamente federalista de un sistema que se mueve entre lo autonómico como adjetivo y de las autonomías como sujeto de algo que lo último que necesita es un presidente del Gobierno de España providencial. Dispuesto a incrementar las dotaciones del fondo de compensación interterritorial, a conceder favores económicos o normativos a quien los solicite, y a administrar Presupuestos que a este paso volverán a prorrogarse según criterios alejados de las prioridades más urgentes sea cual sea el punto geográfico desde el que surja la demanda.
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Parece ser que Sánchez tenía previsto convocar una Conferencia de Presidentes sobre vivienda, cuyo orden del día podría ampliarse al de la financiación autonómica. Hay un problema de partida que un gobierno llamado «de progreso» debe afrontar sin elusiones. El Estado autonómico solo puede ser «de las autonomías» si el Gobierno central deja de referirse a las transferencias financieras como si el grueso de lo recaudado en España fuese suyo casi en propiedad. Y ello estaría, todavía, muy lejos del federalismo que se le ocurrió esgrimir como de pasada a Sánchez a cuenta del pacto con ERC para investir a Illa. El Estado autonómico se basa en una centrifugación tal del ejercicio de derechos sociales y de servicios básicos para el sistema de bienestar que la solidaridad fijada en la Constitución no puede basarse en un regateo constante de favores políticamente ventajistas. Como ayer mostraron los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la infinidad de cuestiones propias de cada comunidad requiere de un acuerdo multilateral previo que asegure la suficiencia financiera de todas ellas.
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