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El vertiginoso crecimiento de los pisos turísticos ha dejado obsoletas gran parte de las regulaciones municipales y autonómicas sobre ellos, con niveles de restricción muy dispares, y propiciado una masificación de los centros de grandes ciudades –a punto de convertirse en parques temáticos en los casos más extremos– y un espectacular encarecimiento de los alquileres, además de problemas de convivencia. De ahí la necesidad de adecuar esas normativas a la nueva realidad para combatir los efectos más perversos. Se trata de encontrar un virtuoso equilibrio entre los derechos de los vecinos, por cuya protección deben velar las instituciones, y la riqueza que aporta un pilar económico como el turismo desde el principio de que la sobresaturación vulnera los primeros y resulta perjudicial para el segundo. Mientras varias capitales ultiman una ordenación que elimine los excesos y prime las buenas prácticas en este terreno, Barcelona, donde la 'turismofobia' empieza a adquirir dimensiones preocupantes, se propone suprimir en cuatro años todas las viviendas de este tipo, una drástica medida sin duda popular y cuya eficacia en la relajación de los precios inmobiliarios resulta una incógnita.
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