Responsabilidad sin evasivas

El contenido del preacuerdo, que formalmente fue anunciado el lunes como un pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, se hizo público ayer confirmando los términos avanzados por los republicanos. Aunque la consulta entre afiliados convocada para mañana por ERC y la reunión prevista por la dirección del PSC para el sábado se hayan convertido en la argucia empleada por el Gobierno de Sánchez para posponer las explicaciones a las que está obligado, en tanto que garante último de un compromiso que pivota en torno a un sistema de «concierto económico» y «cuota» para Cataluña. Compromiso que celebró el presidente tras verse con el Rey en Mallorca, avaló la ejecutiva del PSOE sin dar más razones y ante el que la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se limitó a mostrar «la satisfacción» por un entendimiento que glorificaría el ejercicio del diálogo; olvidándose de que ese valor democrático no solo exige más transparencia y claridad de la que el Gobierno de los socialistas exhibe al defender los trueques en que se basa «la mayoría de progreso». El diálogo ejercido se limita a sumar escaños uno por uno hasta que resultan algo; como si la mitad más uno del arco parlamentario estuviera en condiciones de legitimidad y de solvencia política para ponerlo todo del revés si fuese necesario. Las evasivas del Gobierno y del PSOE ayer dan cuenta de la incomodidad con la que los propios socialistas catalanes afrontan la aventura de primar con concesiones a la vertiente más decaída del 'procés' –ERC–, a la espera de que la otra, la de Carles Puigdemont, se limite a sentirse vendida y desconcertada. Una política tan corta de miras que debería ser más consciente de a lo que juega. Y no juega al diálogo en busca del más amplio consenso sobre el futuro del Estado de las Autonomías, sino al requiebro ventajista que descoloque a los demás contendientes, incluidos determinados socios. Y dando siempre la sensación coactiva de que toda alianza o compromiso puede volverse prescindible de un día para otro. La renuencia del Gobierno Sánchez a secundar el preacuerdo con algo más que muestras de satisfacción lo dice todo sobre el alcance del empeño. Se trata de echar a rodar la pieza –como con la ley de amnistía– sin asumir responsabilidad alguna sobre las inercias de un «concierto económico solidario» que operan mucho antes de que pueda ser imaginable su entrada en vigor desde 2025.