Represalia intolerable

La detención anunciada el sábado por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de dos ciudadanos españoles bajo la acusación, negada tajantemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de actuar como agentes del CNI y de conspirar en una presunta operación de la CIA ha escalado inquietantemente la crisis diplomática abierta entre ambos países. Una crisis que se desenvuelve en parámetros muy desiguales, desde que España acogiera hace ocho días bajo el estatuto prometido de asilado político al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con lo que eso implica de notorio señalamiento del chavismo como un régimen que no opera de manera democrática ni respetuosa con los derechos humanos; desde que el Gobierno de Maduro haya decidido responder con amenazas de ruptura de relaciones al reconocimiento por el Congreso español de la legitimidad de González Urrutia, contra la negativa de Sánchez a forzar ese pronunciamiento; y desde que haya protagonizado lo que tiene toda las trazas de constituir una represalia arbitraria apresando a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme a las horas de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tildara de «dictadura» lo que ocurre en Venezuela y a la que Cabello se refirió con sarcasmo en su comparecencia del sábado. Esta descripción de los hechos evidencia hasta qué punto Maduro está dispuesto a instrumentalizar gestos como el obligado asilo a su rival a la Presidencia y hasta qué punto el entramado del Estado que controla puede emplearse para prácticas vengativas.

El Gobierno ha reaccionando midiendo la respuesta, negando las imputaciones sin prueba creíble alguna del chavismo e insistiendo en el mensaje recurrente de que España apuesta por «una solución pacífica y democrática» para Venezuela. Pero resulta palmario que el arresto sin garantías de Basoa y Martínez, cuya integridad, el amparo a sus derechos y su puesta en libertad si no hay cargos acreditados contra ellos debe ser objetivo prioritario para la diplomacia española, desafía la estrategia de contención de Sánchez. Como es notorio que la continuidad del chavismo se ve beneficiada por el extenuante desencuentro entre el Gobierno y el PP. Pero si algo demuestran los arrestos es el carácter represivo y autoritario de un régimen que no precisa de supuestas provocaciones para actuar cuando –basta recordarlo– ha detenido a 2.000 personas por disentir un escrutinio electoral más que sospechoso de fraude.