La Conferencia Episcopal Española aprobó en asamblea extraordinaria un plan de reparación integral por los abusos sexuales padecidos por menores o personas dependientes en la Iglesia católica, que se predica para casos prescritos, de autor fallecido o que no pueden ser juzgados en las vías civil, penal o canónica. Según la exposición del máximo dirigente eclesiástico, Luis Argüello, el reglamento para poner en práctica la iniciativa incluye una comisión asesora que solo eventualmente «podrá convocar» a los afectados «para no revictimizarlos». Un extremo que cuestionan las asociaciones representativas de aquellos que arrastran de por vida el dolor inmenso de las agresiones sufridas y de la confianza traicionada. La hoja de ruta tampoco obliga al conjunto de diócesis y congregaciones. En ambos capítulos se reproduce la tensión con el Gobierno que ya afloró en abril, cuando el Consejo de Ministros alumbró un decreto, poco preciso, para cumplir el informe del Defensor del Pueblo. Al acusar al Ejecutivo de «mirada sesgada» y enorgullecerse de un proceder «unilateral», Argüello no arriesga tanto desatender el reproche del poder político sino el del conjunto de la sociedad.
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