El Gobierno que constituya el presidente Pedro Sánchez deberá, nada más comenzar su mandato, afrontar el regreso a la disciplina presupuestaria de la UE, y participar en las decisiones que se adopten a ese respecto en el seno del Consejo Europeo. Del mismo modo que los partidos que lo integren o lo sustenten tendrán que presentarse a las elecciones al Parlamento de Estrasburgo de junio de 2024 tomando postura respecto al déficit y la deuda de nuestro país. Aspectos que pondrán a prueba una legislatura que los socialistas admiten que será «compleja», para así evitar el calificativo de «complicada». El Pacto de Crecimiento y Estabilidad quedó en suspenso a causa de la pandemia y sus efectos económicos. La guerra de Putin vino luego a requerir del erario para cubrir las necesidades de hogares y empresas.
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Hace dos meses se desencadenó la guerra entre Israel y Hamás, cuyas consecuencias en la región no han generado hasta la fecha perjuicios globales que obliguen, de nuevo, a aplicar medidas anticíclicas a este lado del Mediterráneo. Pero siempre podría alegarse la conveniencia de relajar los objetivos de contención del gasto. Bien sea porque no acaban de cubrirse las necesidades de los sectores más vulnerables, bien sea por precaución ante la eventualidad de otra crisis en un mundo tan tensionado.
Ningún gobierno o corriente política de la Unión puede oponerse a que la Europa comunitaria regrese a la disciplina presupuestaria, más que desde la demagogia, la irresponsabilidad, o un propósito desestabilizador. Aunque es lógico que cada país o cada candidatura que se presente a las Europeas plantee metas y calendarios distintos para reimplantar esa supervisión. En la presentación de su programa de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a mantener la rebaja del IVA de algunos productos hasta junio, la gratuidad del transporte a jóvenes y parados, y las ayudas al alquiler. Medidas compatibles en su enunciado con la satisfacción mostrada porque España crece más que ningún otro en la Unión. Por lo que el Ejecutivo español tendría menos razones para demandar una política fiscal más flexible que la que, probablemente, reclamen los países que han contribuido financieramente a nuestro Plan de resiliencia.
No se puede ir en cabeza y pedir, al mismo tiempo, una comprensión singular para nuestras necesidades sociales y de recuperación. Como no se puede subrayar lo primero para consumo doméstico y, a la vez, esperar que el resto de Europa nos siga ayudando por justicia.
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