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Un mismo objetivo alienta la conferencia para la paz en Ucrania que se celebrará en Suiza este fin de semana y el «acuerdo político» del G7 que impulsa un préstamo de 46.000 millones al país invadido con el respaldo de los intereses que generan los activos rusos congelados en Occidente. Se trata de enviar a Moscú un mensaje contundente: el del respeto a la legalidad internacional en las relaciones entre Estados, claramente violada por la agresión del Kremlin a su vecino desde hace una década. La mayoría de los dirigentes reunidos en el sur de Italia afrontan crisis nacionales y procesos electorales, que complican una respuesta conjunta a las urgencias de los ucranianos. Pero el momento que atraviesa la guerra en el corazón de Europa necesita algo más que sentar a Volodímir Zelenski a la mesa de los poderosos. Exige que Vladímir Putin empiece a pagar por el destrozo de una nación que combate para recuperar su libertad e integridad. Y que lo haga además en unos días en que el sistema financiero ruso se resiente de las últimas sanciones de EE UU. Ahora, antes de la cumbre de la OTAN del 9 de julio, los aliados deben atender las necesidades de defensa aérea que acucian a Kiev.
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