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El Congreso de los Diputados dejó ayer sin mayoría parlamentaria al Gobierno en una sesión crucial, en la que decayó tanto el decreto ómnibus que contemplaba la subida de las pensiones en un 2,8% y la prórroga de las ayudas para el uso de transporte público, entre otras medidas, como la continuidad de la tasa especial sobre las compañías energéticas. El Gobierno, por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del titular de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó ante su derrota culpando al PP de impedir la actualización de las pensiones. Pero lo que evidenció el pleno de ayer es que Pedro Sánchez no cuenta con una «mayoría progresista» ni con cualquier otra para asentar lo que resta de legislatura.
Y demostró que el señuelo con el que Carles Puigdemont consiguió llevar al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a negociar a Suiza no perseguía más que dejar en evidencia al Gobierno y al Estado constitucional. En realidad había emplazado a Sánchez a trasladarse a ese país para entrevistarse con el presidente de Junts. Aunque ayer los mencionados ministros optaron por el consabido funambulismo para evitar señalar a los postconvergentes como causantes del fiasco. Ni el Ejecutivo de Sánchez ni los socialistas pueden pretender que el primer partido de la oposición –al que continuamente se refieren como «derecha y ultraderecha»– supla por responsabilidad sus carencias parlamentarias.
Lo que puso en cuestión también la derrota es el recurso a los decretos ómnibus. Si algún valor deben aportar los procedimientos legislativos es el de la especificación de las cuestiones en trámite. Lo de ayer era tan previsible que resulta inverosímil la sorpresa gubernamental. Pose que no sirve de eximente para su obstinación minoritaria. El portavoz del otro socio imprevisible de la Moncloa, ERC, Gabriel Rufián, aprovechó para constatar que Junts pertenece a una derecha aliada con PP y Vox que, a su entender, constituye la mayoría que volteará a Sánchez. Un ardid de tribuno que volvió patético el momento. Porque desnudó hasta tal punto al independentismo catalán que lo sacó de la ecuación de la legislatura. Sin demagogias ni puyas, el Ejecutivo de Sánchez tiene la obligación de salvar el necesario incremento de las pensiones y el resto de medidas de cobertura social frente a las secuelas de las crisis, una por una y prescindiendo de la fórmula ómnibus. Junto a ello, es imprescindible que el Gobierno admita su extrema debilidad.
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