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La negativa de Carles Puigdemont a negociar con el Gobierno los Presupuestos para 2025 y su exigencia de una reunión urgente en Suiza son los dos últimos desafíos a los que se enfrenta Pedro Sánchez con sus propios socios de legislatura, al tiempo que Junts insiste en que el presidente se someta a una cuestión de confianza en el Congreso para así poderle dar otro aviso. La precaria estabilidad en la que se asienta el Ejecutivo no solo resulta trabajosa, como relatan todos los ministros haciendo de la necesidad virtud. Afecta a la dignidad misma de las instituciones democráticas que el partido que gobierna el cuarto país de la Unión Europea y el propio Gobierno sean convocados a verse en otro extracomunitario con representantes de un partido político que forma parte de las Cortes Generales, del Parlamento de Cataluña y de administraciones locales y provinciales de su comunidad porque su presidente, Puigdemont, necesite recordar que aún no ha sido amnistiado y continúa en su autoexilio. Y afecta también a la confianza que los ciudadanos necesitan preservar respecto a esas mismas instituciones, cuando la negativa a negociar sobre los Presupuestos por parte de ERC se enlaza con la de Oriol Junqueras exigiendo que antes se haga realidad la salida de Cataluña del régimen común de financiación autonómica según una fórmula pactada con Madrid que nadie ha detallado hasta la fecha.
Cabe especular en torno al grado de inestabilidad al que Puigdemont y Junqueras, uno tras otro, someten el actual mandato de Sánchez. El cual lleva tiempo gobernando en minoría, bajo el argumento de que no se vislumbra una mayoría alternativa que pueda desalojarlo de La Moncloa en tiempos de polarización. Tiempos en los que únicamente se repara en el desgaste demoscópico que afecta a unas u otras siglas y no en la fricción continua que tiende a desacreditar –y en esa medida a deslegitimar– las instituciones. Dentro y fuera de España. Sánchez podría prescindir de unos Presupuestos actualizados para 2025 mediante una prórroga que seguiría haciendo virtud de la necesidad para impedir que la alianza «entre la derecha y la extrema derecha» se abra paso. Pero con ello no evitaría una erosión que la polarización vuelve indeleble; la constatación general de que la legislatura naufraga en el patetismo. Porque, al final, Junts y ERC tampoco cuentan con estímulos para dotar de más recursos a una Generalitat catalana que no gobiernan.
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