Un preacuerdo al vacío

El preacuerdo alcanzado entre el PSC-PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat trasciende el marco propio de un pacto de gobernabilidad para Cataluña e irrumpe en el ámbito de la estabilidad constitucional del país en su conjunto, así como en el de la financiación de las políticas públicas de manera solidaria y suficiente. El mero enunciado de los compromisos alcanzados entre el partido que gobierna España y el que se encuentra en funciones al frente de la Generalitat, que la ejecutiva de ERC desgranó ayer con una ligereza rayana en la frivolidad, señala que lo acordado importa no solo a todos los catalanes, sino que importa a todos los españoles independientemente de la comunidad a la que pertenezcan. La creación parainstitucional de una 'convención nacional' catalana para la resolución del conflicto político, que estaría presidida por alguien de ERC, abunda en la querencia del independentismo por alumbrar instancias ajenas a las previstas en la Constitución y el Estatut. La 'carpeta' de la lengua catalana apunta a una revisión legislativa por parte de las Cortes de aquellas normas vigentes hasta la fecha en los territorios con lenguas cooficiales, bajo la presunción de que los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes están desprotegidos. Y la 'carpeta' de la «financiación singular», anunciando que Cataluña sale del régimen común para dotarse de un «concierto económico solidario», con una Agencia Tributaria propia que se hará cargo de la recaudación de todos los impuestos en la comunidad, aportando «una cuota al Estado» empezando por la gestión del IRPF de 2025, no puede responder a algo validado por un Gobierno que se sostiene parlamentariamente a duras penas. Mucho menos después de que la portavoz de ERC, Raquel Sans, se refiriese a ese capítulo del preacuerdo como «el modo de estar mejor preparados para alcanzar la independencia», señalando que se hará reformando la LOFCA, como si las autonomías de régimen foral no estuviesen consagradas en la propia Constitución. La consulta a las bases republicanas prevista para el viernes se convirtió ayer en una mera anécdota. Porque todo lo que se conoció en la sede de ERC interpela de tal manera a Pedro Sánchez, a su partido y a su Gobierno que requiere explicaciones urgentes por boca del presidente y en sede parlamentaria. También sobre cómo ha convencido a los de Marta Rovira de que cambios constitucionales y legales de tanto alcance se llevarán a cabo siguiendo un calendario que regirá gobierne quien gobierne en Madrid.