Un PP cohesionado

El encuentro de ayer entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los líderes territoriales del partido con responsabilidades de gobierno reveló la profunda división a la que ha dado lugar el opaco acuerdo para una «financiación singular» de Cataluña suscrito formalmente entre el PSC y ERC, aunque a impulsos de la Moncloa. Los reunidos destacaron la anomalía que supone revisar el propio marco constitucional mediante una componenda partidaria que arrastra al Estado central y a la Generalitat catalana a no se sabe qué en la distribución de recursos. Mientras el independentismo en su conjunto desconfía de que el Gobierno de Sánchez acabe equiparando por la puerta de atrás las atribuciones que el Estatut concede a Cataluña con el sistema de concierto o convenio y cupo de País Vasco y Navarra recogidos en la Constitución. La cumbre de los presidentes del PP fijó ayer una condición netamente constitucional para el reencuentro, al remitir la definición del nuevo sistema de financiación en el Estado autonómico a las deliberaciones de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un emplazamiento que el Gobierno central no puede rehuir. Como tampoco puede soslayar la demanda de un fondo transitorio de nivelación que atienda urgentemente a las comunidades infrafinanciadas. Empezando por una inyección inmediata de 18.000 millones de euros a cuenta de los fondos europeos de recuperación pendientes de librarse.

Pedro Sánchez se dispone a recibir en Moncloa a todos los presidentes autonómicos. Posiblemente con la intención de instituir la bilateralidad como marca alternativa a la cogobernanza. Con el propósito de diluir el nebuloso pacto con ERC en una subasta de concesiones equívocas. Cuando parece claro que las reclamaciones autonómicas desbordan las disponibilidades económicas y políticas de Sánchez. Ayer Núñez Feijóo aseguró la sintonía interna en el PP frente al envite que supone la financiación singular para Cataluña. Pero lo destacable del encuentro es el anuncio de que ningún presidente autonómico popular pasará por Moncloa sin requerir bastante más que ser oído en el Estado autonómico multilateral. Es lo que tiene pretender generalizar la bilateralidad como subterfugio táctico ante la afrenta de la singularidad postconstitucional catalana. Que se multiplican las exigencias territoriales cada vez que el presidente Sánchez, una ministra o algún portavoz socialista trata de argumentar la excepción catalana.