Política de Vivienda con límites

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana avanzó ayer las medidas con las que se propone regular los alquileres de temporada y así también los pisos turísticos. Un aspecto que no contempló la legislación aprobada tan solo hace dos meses. El Gobierno procederá con urgencia ... –según la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, antes de que finalice el verano– a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Propiedad Horizontal mediante real decreto, para instaurar la obligación de que los demandantes de una vivienda en régimen de alquiler durante menos de 12 meses deban justificar la causa de esa temporalidad, «igual que se nos puede requerir nuestra nómina». Se trata del establecimiento de un registro al que podrán acceder todas las administraciones concernidas, que integre también el alquiler de habitaciones. Y precisando, además, el modo en que las comunidades de propietarios autorizarán previamente la dedicación de un determinado piso a uso turístico, dado que se trata de una actividad económica. La ministra Isabel Rodríguez recordó ayer que los arrendamientos de temporada y los pisos turísticos están tensionando el mercado del alquiler al generar un alza de precios. Una evidencia indiscutible, pero que necesita de un abordaje legal cuidadoso, lo más alejado posible de las meras consignas. Parece razonable que las comunidades de propietarios puedan vetar el uso turístico de las viviendas que las integran. Pero el ejercicio pautado de ese derecho inducirá, con toda seguridad, efectos que no siempre serán propicios al interés común, a la evolución del entorno urbano y al conjunto de la economía. Y sin perder de vista que su fuerza disuasoria bien podría estimular la adquisición completa de edificios de viviendas para darles la utilidad que se pretende acotar.Es de suponer que el ministerio está contemplando no solo la prolija casuística que se da en nuestro país, sino que ha previsto los múltiples escenarios a que puede dar lugar el real decreto en preparación. Pero, además de la imprescindible sintonía que el Gobierno ha de lograr con las autonomías y las administraciones locales más directamente afectadas, no sería buena idea que el ministerio concibiera las medidas anunciadas ayer como si, ya de entrada, tuviesen que ir contra el sector. Siempre será más prudente y provechoso que trate de conciliar aspiraciones limitando la limitación. Y en cualquier caso, es inexcusable que el real decreto fije una metodología solvente de evaluación de sus efectos para su eventual corrección.