Un Poder Judicial sin poderes

El TC se ha enfrentado en sus deliberaciones a la disyuntiva entre preservar el mandato constitucional de la renovación del CGPJ por encima de todo, o procurar que tan alta instancia pudiera seguir desempeñando sus funciones plenamente. Más allá de la argumentación jurídica que se exponga en la sentencia y en los votos particulares, la corte de garantías no ha tenido otro remedio que describir una situación institucional que ni los constituyentes ni los legisladores habían previsto. El TC ha resuelto a favor del cumplimiento estricto de lo previsto en la Carta Magna porque, entretanto, se renovó también con vistas a que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la reforma legal de 2021. Pero sería del todo irresponsable que la parte desautorizada del espectro político reciba la sentencia como un agravio partidario que justifique aún más la perpetuación de semejante desencuentro institucional. Del mismo modo que, en medio de un segundo intento de investidura, la parte promotora de la reforma avalada por el TC no debería acomodarse sin más en la sentencia para mantenerse impasible.

La precariedad a la que ha llegado el gobierno de la Justicia tras casi cinco años pendiente de renovación es la muestra más tangible de que la España política carece de los consensos básicos que requiere todo sistema democrático. El baremo que mide la solvencia institucional de un régimen basado en el pluralismo.