Pensiones entre pinzas

Las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025, a la espera de que el INE confirme la media del IPC de los doce últimos meses, y el Gobierno traslade al alza esa referencia a los incrementos que precisen las pensiones mínimas y las no contributivas. Once millones de pensionistas saben ya que percibirán una media de 600 euros más en el nuevo año. 40 euros más al mes. Un dinero que no les permitirá variar sus hábitos de consumo, y mucho menos sus condiciones de vida. Especialmente cuando el mero anuncio de la subida de las pensiones despertará tanto demandas familiares, como el incremento de costes en productos y servicios, en el ocio y el turismo, así como en los alquileres que siguen pagando los pensionistas con menos ingresos. Efectos que atenuarán también el incremento de la pensión máxima de 3.175 euros al mes hoy a los 3.267 euros previsibles con la subida. El retiro tiende a igualar la remuneración que acaban percibiendo los cotizantes cuando les abandona su actividad laboral. Independientemente del desigual patrimonio que hayan acumulado durante sus años de cotización. La reforma de 2021, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, hará justicia con quienes difícilmente podrían afrontar situaciones de dificultad general o personal procurándose ingresos alternativos o complementarios.

El final de la vida laboralmente activa preludia un tiempo jubiloso que tampoco permite reinventarse. Pero esa justa actualización de la cantidad que revierte a los cotizantes tras su retiro laboral desborda ampliamente las posibilidades de la Seguridad Social, puesto que cada año es más lo que recaban los pensionistas que lo que aportan los cotizantes. De manera que lo que tan solo hace una década parecía excepcional –que el déficit de la Seguridad Social fuese cubierto con aportaciones de los Presupuestos– se ha vuelto tan común que ni siquiera se hace mención al tema. Sólo que el justo trato que merecen las personas jubiladas tras tantos años de trabajo ha de descontarse, siquiera en parte, de la proclividad del Gobierno y de las administraciones que pueden desentenderse de las pensiones a dar por sentado que el incremento coyuntural de la recaudación fiscal permite eso y mucho más. Eludiendo en el actual mandato ponerse siquiera a pensar en la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, ante su práctica absorción por los Presupuestos a cuenta de todos los contribuyentes.