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La alerta de la OCDE en su último informe de que el gasto en pensiones de España, acompañado de una productividad y una inversión limitadas, lastra el crecimiento del país focaliza un desafío singular –el paulatino envejecimiento de la población– en su derivada puramente ... económica. Más allá del cuestionamiento que siga suscitando la estrategia del Gobierno de incrementar las prestaciones conforme al repunte del IPC sin discriminar en función de su cuantía, a nadie se le escapa el tensionamiento que supondrá para la sostenibilidad del sistema que en los próximos 30 años la tasa de dependencia –la ratio entre trabajadores y pensionistas– vaya a elevarse al 54%, ocho puntos más que la media europea. Pero no se trata solo de un reto económico colectivo: es de cohesión y eficiencia social, para que el logro compartido de haber ganado años para la vida se transforme en lo que es, una conquista por más aristas y demandas que presente. Una conquista que precisaría un pacto de Estado por los cuidados que aunara a los partidos, la Administración central y las comunidades, con su carta propia de servicios sociales, que sentara las bases para afrontar de forma integral las exigencias de un nuevo modelo demográfico que rebasa las pensiones.
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