Pacto por los más vulnerables

En la práctica, este importante matiz permitirá a Cataluña y al País Vasco recibir un menor número de inmigrantes. Mientras que el PP, que gobierna en diez autonomías, no tardó en tildar de «inmoral» el acuerdo y denunció un «trato de favor» en la distribución que buscaría beneficiar al PNV y Junts para preservar su apoyo a Pedro Sánchez –el partido de Puigdemont insiste en que Cataluña asuma las competencias migratorias–, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se reunió con el presidente de Canarias Fernando Clavijo este jueves, aseguró ayer que ninguna autonomía quedará excluida del reparto. Puntualizando que algunos territorios «han hecho un esfuerzo previo». Y si bien Clavijo desmintió el trato de favor denunciado, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto demográfico del ejecutivo vasco precisó que los criterios de distribución habrían sido elaborados «de manera académica y no política», señalando que de los cinco establecidos en la reunión del Consejo interterritorial de 2022 –población, renta per cápita, desempleo, dispersión de la población, y esfuerzo realizado previamente en la acogida– adquiere especial relevancia esta última.

Las diferencias en un asunto tan sensible como la gestión de la inmigración, y más cuando se trata de menores no acompañados, no deberían solapar el drama humanitario que se vive en aguas atlánticas, en las que perdieron la vida 10.000 personas el año pasado en su intento de llegar a España en busca de una vida mejor. Con la ley de extranjería bloqueada, el mantenimiento de fuertes críticas entre autonomías y partidos sólo puede abonar el terreno a soluciones populistas o radicales a un problema muy complejo de abordar en el que no conviene olvidar lo realmente importante: la solidaridad.